El proyecto de ley remitido por el Gobierno tiene por objeto excepcionar la gestión del PIL de los dictados de la Orden Foral 84/2017, que obliga a tener totalmente ejecutadas las inversiones en el ejercicio presupuestario al que correspondan, así como corregir errores, eliminar duplicidades, agilizar la tramitación y aclarar determinados conceptos.

Para ello, se autoriza la imputación de los compromisos económicos a ejercicios diferentes, en función de la previsión de la ejecución de las obras y previo informe del servicio competente.

En relación a la compatibilidad de las aportaciones del PIL con otras ayudas, se establece la obligación de acreditar, dado el caso, el importe, procedencia y aplicación de esos otros fondos.

Asimismo, se modifica el acceso al régimen excepcional, estableciéndose la obligatoriedad de ajustar la inversión o, en su defecto, proponer una fórmula alternativa de financiación con carácter previo a la solicitud de acogimiento a dicho precepto.

A su vez, se corrige el alcance de la ayuda, incrementándose en una cantidad equivalente al IVA para aquellas inversiones en que no resulte deducible, previa acreditación de la incapacidad económica y financiera de la entidad local.

Entre los requisitos para acogerse a este régimen excepcional figura la exigencia de una subida mínima del 0,20 en la contribución territorial en vigor, sin que en ningún caso el tipo resultante pueda ser inferior al 0,30 ni superior al 0,50, debiéndose mantener durante el plazo de ejecución de la obra y los cuatro años siguientes.

Esta previsión ha sido introducida a través de una enmienda suscrita por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E, que ha contado con el respaldo adicional del PSN, mientras que UPN y PP han votado en contra.

Dentro del apartado de tratamientos de residuos urbanos y actuaciones vinculadas a vertederos afectados por problemas medioambientales graves o muy graves, se prevé incrementar la aportación económica máxima hasta el 95 % del importe auxiliable, IVA incluido, previo informe vinculante de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

La enmienda en ese sentido de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E ha salido adelante con el apoyo del PSN y los votos en contra de UPN PP.

En el debate efectuado en comisión se han rechazado enmiendas de UPN para la ejecución de los más de 35 millones de remanente del PIL anterior que, una vez descontados los 17 invertidos en subvenciones y pagos durante 2016 y 2017, faltan para completar el saldo de 52.425.427,95 euros existente a 31 de mayo de 2015.

A juicio de UPN, incrementar el fondo del PIL 2017/19 en 35,8 millones (30,3 en Programación Local y 5,5 en Programa de Inversiones) permitiría «dar salida en 2019 a la práctica totalidad de las obras que se han quedado en reserva».

Sin embargo, el respaldo de PSN y PP ha resultado insuficiente ante la posición contraria de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E, que han aducido que «el de los importes es un debate que no corresponde a esta Ley», en alusión al Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, donde se consignan 30.157.642,70 euros de inversiones correspondientes al PIL 2017-19.

El Plan de Inversiones Locales 2017-2019 que, con cargo al Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Nafarroa, aprobó el Parlamento de Nafarroa el 1 de diciembre de 2016, cuenta con una dotación de 100 millones, 40 a distribuir el primer año, 20 el segundo y otros 40 el tercero.

Tras la aprobación del dictamen, el proyecto será elevado al pleno del 4 de octubre, junto al Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, para su debate y votación.