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Madrid

El Congreso español rechaza suspender la venta de armas a Arabia Saudí

El Congreso de Madrid ha rechazado suspender la venta de armas a Arabia Saudí en plena polémica por la muerte del periodista Jamal Khashoggi, con los votos en contra del PSOE y el PP y la abstención de Ciudadanos y el PNV.

El príncipe saudí Mohammed bin Salman, este martes en Riad. (FAYEZ NURELDINE / AFP)
El príncipe saudí Mohammed bin Salman, este martes en Riad. (FAYEZ NURELDINE / AFP)

«España es un país que cumple sus contratos» y la decisión de bloquear la venta de armas a Arabia Saudí «debe ser colectiva de toda la Unión Europea», ha argumentado el PSOE en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

El debate se ha producido tras el anuncio de Alemania de paralizar el envío de armas a Riad, en protesta por la muerte del periodista crítico Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acudirá mañana en el Congreso para explicar la venta de armas a Arabia Saudí, una comparecencia que anunció tras la polémica por la entrega de 400 bombas de precisión láser.

Hace varias semanas el Gobierno decidió mantener dicha venta, después de que Defensa avanzara que se cancelaría y ello originara una oleada de protestas de los trabajadores del astillero de Navantia, ante el temor de que Riad suspendiera el contrato para la compra de cinco corbetas.

La proposición no de ley, presentada por la diputada de Compromís Marta Sorlí, pedía «embargar la venta de armas» a Arabia Saudí o a cualquier otro Estado «cuando exista un riesgo sustancial de que las armas puedan ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones flagrantes de los derechos humanos».

La propuesta ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE y PP y la abstención de Ciudadanos y el PNV.

El diputado del PSOE Antonio Gutiérrez ha recordado además que si se bloqueara la venta los primeros perjudicados serían los astilleros de San Fernando, Cádiz, «una de las zonas más deprimidas», y se ha preguntado cuál sería la posición de algunos de los proponentes «si la fábrica estuviera en Cataluña o Valencia».

El PP ha defendido que los acuerdos de venta de armas contienen una cláusula de «control de último destino» que permite suspender el contrato si se demuestra que el fin para el que se están utilizando es distinto del declarado en el momento de la venta. Por ello, ha demandado que este tipo de iniciativas se traten «con la máxima responsabilidad», ya que se trata de un sector que da trabajo a casi 210.000 personas.