Coincidiendo con el anuncio del acuerdo alcanzado por los gobiernos español y navarro para que Nafarroa recupere en exclusiva las competencias de Tráfico, se presentaba el libro ‘90 años: Policía Foral de Navarra’, de Mikel Santamaría. Una obra en la que precisamente se recuerdan los motivos por los que, en los últimos años, los sucesivos gobernantes del herrialde las han reclamado y cuyo origen se remonta nada menos que al siglo XIX.

De la denominada Ley Paccionada de 1841, la norma por la que Nafarroa perdió su condición de reino y se convirtió en provincia tras la derrota en la Primera Guerra Carlista, se derivaban las atribuciones de la Diputación sobre las competencias relacionadas con tráfico. Así, en 1843, esta institución redactaba su ordenanza para la conservación y policía de las carreteras generales de Nafarroa, y encargaba las correspondientes denuncias a sus camineros.

Con el paso del tiempo y la irrupción del automóvil, el personal de Caminos se veía desbordado por esa tarea y por ese motivo, se decidió crear una policía de carreteras. Finalmente, el 30 de octubre de 1928, la Diputación de Nafarroa creaba el Cuerpo de Policía de Carretera con el objetivo de «vigilar la circulación y controlar los impuestos provinciales, patentes de circulación y matrículas de vehículos por las carreteras».

Para seleccionar a sus integrantes, se convocó una oposición de cinco plazas. Los aspirantes debían tener entre 25 y 40 años, 1,65 metros de altura mínima, desarrollo torácico normal y aptitud física acreditada por el director del Hospital, según se recoge en el libro de Santamaría. Además, antes de hacer los correspondientes exámenes, debían justificar mediante certificados del alcalde y párroco su «honradez intachable, buenas costumbres y condiciones de carácter apropiadas al cargo».

Finalmente, el cuerpo empezó con seis policías, ya que se terminaron adquiriendo otras tantas motocicletas: dos Harley Davidson de 750 cc, dos BSA H29, una Peugeot P105 y una FN M67B.

De inmediato fueron conocidos popularmente como los motoristas de Diputación estos agentes, que patrullaban armados con una pistola Astra 9mm con el objetivo de vigilar el tráfico y denunciar las infracciones a la normativa. Como solo cobraban 12 pesetas los días que salían de la capital y seis estando de descanso, se decidió completar su remuneración con una comisión por denuncia interpuesta: el 25% de la multa, con un máximo de 50 pesetas.

A pesar de ello, en poco tiempo, dos policías fueron expulsados, uno por connivencia con los pescateros y el otro por apropiación de ingresos por los portazgos.

Víctimas de la represión franquista
Este Cuerpo de Policía de Carreteras sufriría más bajas, aunque por unas circunstancias bien diferentes y dramáticas. La sublevación militar y la Guerra del 36 iban a dejar una dura huella entre sus filas.  

Ramón Húder, de 26 años y conocido republicano, fue encarcelado a los cinco días de la sublevación y fusilado en el corral de Valcardera junto a otras 52 personas.

Francisco Arbeloa, afiliado de UGT, fue detenido por una persona a la que había denunciado antes de la sublevación. Se le prometió la libertad si su hermano se alistaba en el banco franquista y aunque lo hizo y murió en la guerra, Arbeloa fue fusilado en Zizur.

La represión llegó incluso al propio jefe del cuerpo. Cristino Itúrbide, de ideas republicanas, escapó de Iruñea junto al policía Emilio Salvatierra en el capó de su coche oficial antes de que fuera destituido «por depuración». Aunque en 1948 solicitó su reincorporación, esta le fue denegada. Itúrbide se exilió a Caracas, donde falleció a los 83 años.

Le sustituyó el teniente de la Guardia Civil Anecto Tello, ya con el cargo de inspector jefe. Dirigió el cuerpo durante veinte años y se le recuerda por su estampa llevando un sable en el cinto.

El ‘contrafuero’ de Franco
El control del tráfico siguió correspondiendo a la Policía de Carreteras navarra hasta que en 1941 el régimen franquista creó la Policía Armada y de Tráfico, con la que empezó a compartir la vigilancia de los vehículos matriculados en el herrialde. Pero en 1959, a través de una ley, el Ministerio español de la Gobernación equiparó las competencias de tráfico en el Estado, lo que supuso en la práctica el pase de la competencia sancionadora a los gobernadores civiles y la llegada en 1960 a Nafarroa de los primeros cuarenta guardias civiles de Tráfico.

La Diputación protestó ante este «contrafuero» y en 1962 se aprobó una orden por la que la competencia se compartía con el instituto armado, pero perpetuó esa merma en las prerrogativas navarras.

Veinte años después, la aprobación del Amejoramiento en 1982 en principio revertía esa situación al establecer que «en todo lo relativo al tráfico y circulación, Navarra conservará íntegramente las facultades y competencias que actualmente ostenta», de las que se encargaba la ya denominada Policía Foral.

Desde ese momento se empezó a reclamar la competencia en exclusiva de Tráfico, especialmente a partir de los años 90. Sin embargo, no ha sido hasta la reunión de la presidenta navarra Uxue Barkos con el presidente español Pedro Sánchez cuando se ha alcanzado un primer acuerdo para que se haga realidad lo contemplado en la LORAFNA, aunque todavía debe quedar refrendado en la Junta de Transferencias. Cuando se complete ese proceso, Nafarroa recuperará en exclusiva una competencia histórica.