El expresident catalán Artur Mas, los exconsellers Fransec Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, y seis personas más han sido condenado por el Tribunal de Cuentas a pagar 4,9 millones de euros utilizados por la Generalitat en organizar y celebrar la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Según la sentencia, a la que han tenido acceso las agencias de noticias españolas, el Tribunal de Cuentas considera responsables contables a los citados, que tendrán que abonar 4.946.788,16 euros por los gastos originados por el 9-N.

Se les condena a reintegrar a la Generalitat la suma en que se cifra el alcance de sus respectivas responsabilidades. Así, por ejemplo, a Mas se le hace responsable del total de los 4,9 millones de euros, mientras que al resto se les van imputando importes en función de su papel en la consulta.

Para el Tribunal de Cuentas, no cabe duda de que tanto Mas como los demás miembros de su Gobierno demandados «no solo no eran ajenos a las decisiones de gasto público de la Generalitat, sino que eran los máximos responsables de estas decisiones».

El año pasado, ese mismo tribunal ordenó el embargo preventivo de la vivienda del expresident para cubrir parte de la fianza de 5,2 millones de euros que le impuso por el gasto de dinero público en la consulta del 9-N.

Tras consignar 2,9 millones en efectivo, Mas y los tres exconsellers, junto al ex secretario general de Presidencia Jordi Vilajoana depositaron el 23 de noviembre del año pasado varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza.