En una nota con la que quiere responder a las últimas declaraciones en torno al proyecto, la asamblea señala que «el rechazo al traslado al otro espacio no es un capricho. Ha sido una decisión tomada de cara a mantener los valores de autogestión y auzolan que han sido indispensables a la hora de desarrollar el proyecto».

Detalla que «el contrato que se nos ofrecía condicionaba por completo nuestra manera de funcionar al entrar dentro de los aparatos burocráticos. Tanto los requerimientos que se nos exigían, como las distintas licencias y permisos nos obligaban a adaptarnos a los ritmos institucionales donde estos pocas veces casan con los del Movimiento Popular, impidiendo que lleváramos a cabo las distintas políticas públicas, que pudiéramos autofinanciar el proyecto mediante la barra o que continuáramos con el comedor popular».

Además, supondría que «el movimiento que hemos ido generando se quedaría estancado perdiendo la capacidad organizativa y la autonomía», una «nueva forma de vida» para la que «la burocracia no supone más que un obstáculo» y «es difícil encontrar una salida a este problema».

En relación a los llamamientos al diálogo, la asamblea del gaztetxe Maravillas señala que «desde el pricipio hemos mostrado predisposición a acudir al diálogo y después de un largo debate, decidimos reunirnos con EH Bildu para iniciar las conversaciones, siempre y cuando pudiéramos llevar adelante el trabajo en todo su esplendor».

Sin embargo «desgraciadamente, con el contrato encima de la mesa no nos era posible seguir desarrollando el proyecto. Por ello tomamos la deteminación de quedarnos en Rozalejo, sabiendo lo que ello conlleva».

A pesar de ello, «queremos volver a agradecer a EH Bildu la predisposición que han mostrado durante las conversaciones por llegar a un mutuo acuerdo, aunque no hayan tenido un final acordado».

Añade que «conocemos de sobra que nuestra decisión va a tener consecuencias represivas hacia nosotras, ya que llevamos sufriéndolas durante todo el recorrido». Así, recuerda la asamblea que «primero vino el proceso judicial contra cinco vecinas del barrio a consecuencia de la denuncia interpuesta por el Gobierno de Navarra».

Después se produjo «la prohibición de realizar cualquier actividad de cara a la gente, una prohibición que también firmó el Ayuntamiento. Entonces llegó el ya conocido desalojo realizado este verano, que acabó con 21 personas identificadas y añadidas al proceso judicial, junto con un proceso abierto contra un vecino del barrio que se acercó a mostrarnos su apoyo. Proceso que puede conducirlo a la cárcel».

Más recientemente, «hemos sufrido el último ataque hacia el gaztetxe con la prohibición de realizar actividades públicas. Trataron de evitar el espectáculo de magia que habíamos preparado para los txikis del barrio con la actuación de Txan Magoa. El día anterior a este, la Policía Municipal llamó a Txan Magoa amenazándole con multarlo si llevaba a cabo la actividad en el Gaztetxe. Claramente este nuevo ataque viene a raíz de la determinación que hemos elegido, se trata de un ataque a nuestras decisiones y al proyecto. Es intolerable la actitud que la Policía Municipal tiene hacia nosotras, más aún teniendo en cuenta que se lleva a cabo amenazando a alguien ajeno al proyecto».