En un decreto, el Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, recoge que los Mossos acudieron al corte que se hizo en la autopista AP-7 en L’Ampolla (Tarragona) el 8 de diciembre, y al levantamiento de barreras de peajes el 9 de noviembre, pero su comportamiento presuntamente «no se orientó a disuadir a los concentrados» ni a restablecer el orden público.

Por ello, pide un informe al comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, sobre las actuaciones realizadas esos días porque a su juicio pueden derivarse responsabilidades si se confirma la «ausencia de conminación por parte de las unidades desplegadas, o lenidad en exigir el restablecimiento del orden».

Los Comités de Defensa de la República (CDR) cortaron el tráfico en la AP-7 y levantaron las barreras de varias vías de peaje en otras autopistas durante varias horas para reclamar la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch, por las cargas policiales en Girona durante el 6 de diciembre, y reclamar la implementación de la República catalana.

El fiscal describe que el 8 de noviembre hubo una «invasión por parte de un número indeterminado de personas» de la autopista AP-7 en L’Ampolla, y que colocaron en la calzada de la autopista neumáticos, ramas y otros objetos que interrumpieron el paso de vehículos «que usaban la vía y que aspiraban a hacerlo sin sobresaltos».

Al día siguiente, varios grupos de personas acudieron por la tarde a diferentes puntos de peaje de autopista en varias localidades, donde levantaron barreras propiciando «que una multitud de conductores que circulaban por dichas vías lo realizasen de manera gratuita» causando perjuicio a la concesionaria.

El fiscal relata que en ambos episodios se tiene constancia de que comparecieron dotaciones de los Mossos, si bien «el comportamiento de las unidades destacadas no se orientó a disuadir a los concentrados», ni tampoco se empleó, de haber sido necesaria, «la fuerza imprescindible y proporcional para restablecer el orden jurídico ante una actuación ilegal».

Con ello, considera que pudo permitirse «la lesión de derechos de la multitud de usuarios de la autopista y a una multiplicación en el quebranto de la empresa concesionaria».

La decisión de la Fiscalía llega después de que la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, y los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Fomento, José Luis Ábalos, amenazaran a la Generalitat con enviar a las FSE si los Mossos no actúan contra los CDR.

Respuesta del Govern a Madrid

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha señalado que contestarán «con normalidad» las tres cartas y ha recalcado que los Mossos actúan con «criterios técnicos y policiales» para «mantener el orden público por encima de todo».

Ha pedido al PSOE «una reflexión» para que «no se vuelva a equivocar» con el artículo 155 de la Constitución: «Apelaríamos a que el PSOE no se deje llevar por discursos como el de Pablo Casado», ha afirmado.