En Nafarroa, a diferencia de la CAV, el año termina con un acuerdo presupuestario entre las fuerzas del cuatripartito. Las organizaciones de personas jubiladas han destacado que tanto los presupuestos navarros como los españoles «nacen cojos porque no hay todavía una fiscalidad justa que saque el dinero de donde hay y evite los fraudes». 

«A la hora de decidir el destino del dinero, hay que priorizar necesidades, partiendo de las miles de personas y hogares que malviven en la pobreza, con efectos nefastos en la sanidad, en la educación y en la dependencia. Tenemos claro que el primer deber de toda gobernanza, por encima del pago de deudas y la condescendencia con quienes poseen la riqueza, debe ser que toda persona viva con dignidad», han añadido, reclamando que los presupuestos se adecúen a este objetivo.

Por ello, han denunciado que miles de personas viven con pensiones de miseria, especialmente las mujeres a quienes no se ha reconocido el trabajo en casa o en los cuidados y han cotizado en condiciones inferiores. Han reclamado la pensión mínimo de 1.080 euros, tal y como establece la Carta Social Europea, pero han asumido que transitoriamente pueda ser un avance llegar a los 900 euros, igual que el SMI.

Asimismo, han abogado por la defensa de un sistema público de pensiones que garantice la dignidad de las personas y han rechazado cualquier apoyo a los planes privados de pensiones, ya que supone ahondar en la marginación de quienes no pueden sufragarlos.  

Además, han reclamado que se garantice la revalorización de las pensiones en función del IPC y que se blinde por ley y han rechazado el factor de sostenibilidad y las últimas reformas laborales y de pensiones.