Así lo han señalado los portavoces de los grupos a su llegada a la sede del Legislativo para asistir al pleno, en el que el grueso del orden del día era de preguntas al Gobierno y por tanto sin votaciones, y que durante cerca de una hora no ha estado presidido por la titular, Ainhoa Aznarez, reunida en su despacho con su equipo.

Su cargo está en cuestión después de que los cuatro miembros de su grupo que ya no pertenecen a Podemos -Laura Perez, Carlos Couso, Fanny Carrillo y Rubén Velasco- pidieran la expulsión del grupo de Podemos-Orain Bai del resto -la propia Aznarez además de Tere Saez y Mikel Buil-, lo que conllevaría su cese en la presidencia de la Cámara, si bien la ejecución de la medida se encuentra a la espera del informe jurídico pedido por la Mesa del Legislativo.

Al respecto, en nombre de Orain Bai, Rubén Velasco, que se ha referido a su compañera Aznarez en todo momento como la «expresidenta», ha rechazado las declaraciones de ésta ayer cuando atribuyó su cargo al pacto con el cuatripartito en 2015, algo «rigurosamente falso» para el de Orain Bai.

«El acuerdo programático nada tiene que ver con puesto de ningún tipo. Es un catálogo de medidas para el Gobierno de Navarra durante la legislatura de 2015 a 2019, completamente independiente del reparto de butacas, eso que quiere mantener a toda costa la señora Aznarez, expresidenta del Parlamento de Navarra», ha dicho Velasco, muy quejoso con el «uso torticero de las instituciones» que a su juicio se está haciendo.

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha explicado que su grupo ha presentado un recurso contra la decisión de la Mesa de pedir un informe que dilata la decisión de la expulsión del grupo de tres parlamentarios, y por ello retrasa el cese de Aznarez, un recurso que deberá vez la Junta de Portavoces, donde al contrario que en la Mesa, esperan contar con mayoría, la de UPN, PSN, PP y Orain Bai.

Esparza ha lamentado la «utilización» de las instituciones que ha hecho la Mesa, al no darse por enterada -para aplazar el trámite- de una expulsión que es «algo público y notorio que lo saben todos los navarros desde el 20 de diciembre».

«A nuestro juicio eso no tiene ningún sentido, es total y absolutamente recurrible. No se están haciendo las cosas conforme a la legalidad y por eso hemos presentado un recurso y esperamos una respuesta lo más rápida posible por parte de la propia presidenta y de la Mesa», ha emplazado el regionalista, muy molesto por entender que «aquí parece que vale todo con tal de agarrarse al sillón».

Muy contrario se ha posicionado Adolfo Araiz, EH Bildu, que ha considerado «inadmisible» el recurso de UPN al entender que la petición de un informe jurídico «no es recurrible», por lo que se ha mostrado a la espera de ese informe sobre la situación de la expulsión de los miembros de Podemos de su grupo «para poder tomar una decisión».

Por su parte, María Chivite, PSN, ha coincidido con la decisión del letrado mayor de la Cámara de que el escrito de expulsión no tiene efecto hasta que la Mesa no lo tome en consideración, si bien ha sido muy crítica con la actuación de la propia Mesa, que «ha decidido en contra del criterio de la Junta de Portavoces, de la mayoría parlamentaria, lo que es un asunto recurrible».

«Aquí el asunto es clarísimo, y lo único que debemos limitarnos a hacer es darle trámite parlamentario. No podemos entrar a opinar de un escrito que informa de la organización interna de un grupo parlamentario», como tampoco se hizo cuando en la anterior legislatura se expulsó a dos miembros de Nafarroa Bai.

Ahora se ha hecho «porque el cuatripartito ve que está perdiendo mayorías. Se está haciendo trilerismo político. Se empeñan en estar encerrados en sus 26 escaños y esa es la limitación de este gobierno», ha dicho una Chivite muy molesta porque «dedicar tanto tiempo a los rollos internos de un partido político es poco responsable».