Este fallo confirma, a su vez, la decisión adoptada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Donostia, que declaró nulo el acuerdo de rescisión, según ha dado a conocer la Diputación de Gipuzkoa. La rescisión del citado contrato provocó que la Diputación Foral tuviera que hacer frente a una indemnización de más de 8 millones de euros a los anteriores adjudicatarios, además de abonar los trabajos preparatorios realizados que supusieron otros tres millones, tal y como ha recordado.

Asimismo, y como consecuencia de la rescisión, se perdió la financiación otorgada por el BEI y «ha sido necesario hacer frente a otros costes derivados, que han supuesto unas pérdidas acumuladas para GHK de más de 40 millones de euros».

A la vista de la sentencia, el diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, ha manifestado que el máximo Tribunal «ha puesto negro sobre blanco que los responsables de Bildu se saltaron las normas, causando pérdidas superiores a los 40 millones de euros a las que hemos tenido que hacer frente todos los guipuzcoanos».

Asimismo ha afirmado que «ha llegado el momento» de que la coalición soberanista «asuma sus responsabilidades». «Los responsables de este desaguisado han quedado inhabilitados para desempeñar cualquier otro cargo público», ha apuntado.