En la segunda mesa redonda de la jornada del Foro Social ‘‘Escuchar para construir la convivencia’’ se han sentado juntas cuatro personas que han sufrido violencias políticas o aún las padecen en el caso de Jone Artola, que lleva 27 años sufriendo el alejamiento, primero por su hermano y ahora por su hijo preso. Aunque le ha tocado intervenir la última, por esa razón su realidad es especialmente perentoria. De la dureza de su periplo dan fe el brazo machacado por una agresión impune de la Ertzaintza que le rompió cúbito y radio en 2006 y todas las secuelas del gravísimo accidente de tráfico de 2014, cuando volvía de un vis con su hijo: «Estoy aquí de chiripa».

Tras detallar su historia, con datos tan impactantes como aquellos viajes hasta Puerto de Santa María para visitas de diez minutos, Artola ha remarcado que «el castigo que recibimos los familiares por el mero hecho de serlo es tremendo. Este Estado es democrático y garantista solo depende de dónde te toque».

En la misma mesa estaba Pablo Martínez, que fue funcionario de prisiones durante doce años y amigo personal de Javier Gómez Elosegi, el sicólogo de Martutene –y miembro de ELA como él– al que ETA mató en 1997. Su testimonio, prolijo en anécdotas y salpicado con trazas de humor necesarias para paliar la dureza de aquellos tragos, ha concluido recordando que hoy día se cruza en la Parte Vieja de Donostia con el exmiembro de ETA Valentín Lasarte, «alguien del barrio de toda la vida, y es algo que revive todos mis fantasmas pero nada más; al final, la convivencia es eso».

Martínez ha reconocido que en algunos momentos de amenazas de ETA e incomprensión social se sintió «un apestado». Es justo la misma palabra que había salido antes de la boca de la hoy juntera del PSE y antes concejala de Andoain Petri Romero. Además de reflejar lo que supone estar constantemente vigilada por escoltas, ha resultado muy duro su relato de cuando acudió al hospital al tener noticia del atentado de ETA contra su amigo Isaías Carrasco: «No se me va a borrar nunca la imagen de Sandra, su hija, apoyada en la pared, cubierta de la sangre de su padre de la cabeza a los pies. Lo único que era capaz de decirme era ¿por qué? ¿por qué?».

El cuarto contertulio, Isidro Murga, estuvo encarcelado durante ocho años por ser administrador de ‘‘Egin’’, pero ha incidido en que aquel 18/98 le supuso en realidad afecciones durante diecinueve años consecutivos, desde la primera detención en 1998 hasta que se le levantaron los embargos en 2017. «Se tiende a identificar víctima con el daño físico causado, y en este caso hablamos de efectos que van mucho más allá de la pena impuesta: insolvencia, efectos de cotizaciones para la jubilación, no tener nada a tu nombre…», ha detallado.

En su última intervención, Murga ha dejado una réflexión que ha puesto colofón brillante a esta jornada de encuentro entre víctimas. Mirando a María Jauregi, sentada en la primera fila, ha reconocido que «si me remonto a décadas atrás, seguramente le hubiese negado la mano a tu aita, pero tras oírte aquí sé que tú y mi hija, conociendo ambas las historias de vuestros altas, podríais tener una conversación cordial y agradable».