La defensa de los servicios públicos vuelve a tomar las calles, también en Baiona

Cuando se cumplen dos años de la llegada al Elíseo de Emmanuel Macron los funcionarios han vuelto a pisar el asfalto en el Hexágono para prevenir de las consecuencias, en forma de supresión de puestos de trabajo -hasta 70.000 según los planes avanzados por el ejecutivo-, de la futura ley de transformación de la función pública. Una manifestación, a la que se han sumado, aunque sin pancarta unitaria, todos los sindicatos, ha recorrido las calles de Baiona.

Maite UBIRIA|09/05/2019 11:45
Baiona
Una manifestación, a la que se han sumado todos los sindicatos, ha recorrido las calles de Baiona. (@anaiz_aguirre)

El Gobierno francés tiene previsto aprobar antes del próximo verano la ley de transformación de la función pública, y en Baiona, el conjunto de los sindicatos, aunque siguiendo el viejo esquema de la intersindical – CGT, FO, CFDT, CGC y FSU-  por un lado, y LAB por otro, han secundado el llamamiento a la movilización de hoy.

La marcha, con uans 1.100 personas, ha partido antes de las 11.00 del barrio de St Esprit, para adentrarse después en las calles del centro y concluir a las puertas de la Subprefectura.

La protesta se ha dejado sentir en la administración, la enseñanza, la sanidad o el transporte. Así, en el aeropuerto de Biarritz se han suspendido todos los vuelos de las compañías Hop!, Air France, EasyJet y Ryanair. En total, 15 vuelos de llegada y otros tantos de salida. También se han movilziado ante el monumento a los caidos y la sede de OPLB.

Protesta de la enseñanza bilingüe

Por su parte, un grupo de profesores y profesoras de primaria y secundaria, unidos en la plataforma Euskara Geroan, han llevado a cabo una acción de protesta, al pie del Monumento a los Muertos, al paso de la manifestación.

Con ese acto, han querido denunciar tanto los recortes de efectivos en la enseñanza bilingüe, como la pretensión del Gobierno francés de impedir el avance del modelo de inmersión en euskara en el sistema público de educación.

Entre otras protestas que han tenido su reflejo en la marcha cabe destacar la del sector sociosanitario, que engloba a hospitales y a estructuras de acogida a personas dependientes. 

En las últimas fechas, los trabajadores del servicio de Reanimación del Hospital de Baiona, el buque insignia de este sector, han llevado a cabo varias jornadas de huelga en razón de la remodelación de esta sección, con disminución de efectivos incluida.

Sin embargo, los sindicatos advierten de que esa situación es sólo la punta del iceberg de una política de recortes que está provocando altas cotas de precariedad en esta estructura sanitaria.

Sector socio-sanitario

En el Hospital de la Costa Vasca trabajan actualmente 3.000 personas, pero 600 no tienen contratos estables, según los datos aportados por los sindicatos.

Para Franck Calleja, secretario general de CFDT-Salud, el sindicato que ha impulsado la protesta, «la situación es dramática y nos encontramos con altos niveles de bajas laborales, lo que lleva a la paradoja de que un servicio concebido para ayudar a las personas a recuperar la salud es una máquina expendedora de sufrimiento laboral y muchas veces de enfermedades ligadas a los ritmos y a las nuevas modalidades de organización del trabajo».

Al igual que en la sanidad, en la administración local, la pérdida de poder adquisitivo y en general la bajada de la calidad del empleo es soportada de forma especial por las mujeres.

Los sindicatos tienen claro que el proyecto de ley cuyo debate ya se ha iniciado en la Asamblea Nacional «llevará a niveles de precariedad del todo insoportables». Y, en consecuencia, agudizará la «ruptura del servicio público», esencial para el mantenimiento del sistema de bienestar.

Debate de la reforma

Esa iniciativa legislativa contempla en su redacción original, y a la espera de los cambios que puedan derivarse de la tramitación parlamentaria, que se suprima el CHSCT, la instancia que reúne a los representantes de personal en la función pública.

Con ello desaparecería el único espacio de negociación en que los sindicatos pueden abordar las demandas laborales y la mejora global de las condiciones de trabajo.

Igualmente, ese proyecto prevé extender la duración de los contratos temporales hasta seis años, «el equivalente a una legislatura política», replica Sandra Pereira, de la CGT, quien defiende la vigencia del estatus de funcionario como «una garantía de neutralidad frente a los representantes políticos».

Con un gobierno cuya confianza sigue en horas bajas, y un Macron que no termina de remontar del todo en los sondeos, pese a la batería de anuncios parciales destinados a arrinconar la protesta de los «chalecos amarillos», los sindicatos entienden que «es hora de centrar los esfuerzos en la interlocución con la ciudadanía, y de primar una estrategia sostenida y a pie de calle».