naiz

La ley para regular superficies comerciales inicia su trámite en el Parlamento de Gasteiz

El Parlamento de Gasteiz ha tomado en consideración la proposición de ley para regular la implantación de las grandes superficies comerciales en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, con la abstención de PNV y PSE, que confían en que «se corrija su falta de seguridad jurídica».

El Parlamento de Gasteiz ha tomado en consideración la proposición de ley para regular los centros comerciales. (Jaizki FONTANEDA / FOKU)
El Parlamento de Gasteiz ha tomado en consideración la proposición de ley para regular los centros comerciales. (Jaizki FONTANEDA / FOKU)

EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP han unido sus votos para impulsar la tramitación de una proposición de ley para regular la implantación de nuevas grandes superficies comerciales y la ampliación de las ya existentes, un texto en cuya votación se han abstenido el PNV y el PSE. El pleno del Parlamento ha aprobado la toma en consideración de esta iniciativa, que a partir de ahora, iniciará su tramitación en la Cámara, un proceso en el que el texto puede ser modificado antes de su votación definitiva.

La proposición plantea la modificación del artículo 13 de la Ley de Actividad Comercial, referido a la 'Implantación y ampliación de grandes establecimientos comerciales'. En el texto se plantea la necesidad de «evitar concentraciones comerciales excesivas» y posibles casos de «sobresaturación» que puedan repercutir negativamente en la sostenibilidad y habitabilidad del territorio, así como en «la desocupación estructural» de los locales del centro de las ciudades.

La iniciativa se refiere de forma específica a los grandes establecimientos comerciales, que define como aquellos que tengan una edificabilidad urbanística de 700 metros cuadrados. En el texto se establece que este tipo de locales no podrán superar los 15.000 metros cuadrados en aquellos municipios «de máxima centralidad», los 10.000 metros cuadrados en los municipios de «centralidad media», y los 2.000 metros cuadrados en el resto de municipios.

Además de estas limitaciones, la iniciativa fija otros condicionantes y restricciones respecto a las zonas en las que se pueden implantar estos centros y a las obras de adaptación del entorno que puede requerir su apertura.

En el transcurso del debate, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha denunciado que «el vacío legal» existente en esta materia ha propiciado «una proliferación indiscriminada» de grandes superficie, que puede tener consecuencias muy negativas para el entorno y para el comercio tradicional. Casanova ha atribuido este problema a la «incompetencia y negligencia» del Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

Desde Elkarrekin Podemos, Edurne García también han censurado que «la inacción» del Gobierno ha propiciado la proliferación «sin control» de grandes superficies comerciales. Además, ha avisado de que este fenómeno perjudica a toda la sociedad, puesto que «se sustenta en el empleo de baja calidad» y supone «un atentado» contra el medio ambiente y la sostenibilidad.

La parlamentaria del PP Mari Carmen López de Ocáriz ha subrayado que la aprobación de esta reforma legal es «necesaria ante la avalancha de grandes centros comerciales». La representante del PP ha denunciado que esta situación se ha producido ante «la ausencia» de una normativa que regule este asunto y que vele por «un modelo de equilibrio territorial».

Por parte de los partidos que apoyan al Gobierno, Luke Uribe-Etxebarria (PNV) ha insistido en las críticas de su partido a la «pinza» que, según los jeltzales han formado EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP para perjudicar al Ejecutivo de la CAV, a pesar de que EH Bildu desmontase ayer con datos esta teoría. Además, ha denunciado que la iniciativa impulsada por la oposición «tiene evidentes lagunas jurídicas» y que el proyecto elaborado por el Gobierno sobre esta materia es «mucho más sólido».

Por parte del PSE, Susana Corcuera ha pedido a la oposición que «actúe con responsabilidad», y ha asegurado que la proposición de ley carece de las «suficientes garantías jurídicas», por lo que los ayuntamientos podrían sufrir un importante perjuicio económico ante eventuales recursos por parte de los grandes operadores comerciales afectados por las restricciones que se les pudieran imponer al amparo de esta ley.