Patxi Izco, presidente de Osasuna entre 2003-2012, podría ser juzgado por apropiarse presuntamente de más de 900.000 euros del club. Y es que el titular del juzgado de instrucción número 2 de Iruñea, en un auto de procedimiento abreviado, ha considerado que existen «indicios racionales» para ello.

El auto responde a una pieza separada del ‘caso Osasuna’ que se incorporó para el esclarecimiento del destino de 2.640.000 euros que se ha constatado que fueron extraídos en metálico en las cuentas del club durante los años 2003 y 2007.

A estas actuaciones se añadió la nueva denuncia interpuesta por el club rojillo por la presunta comisión, por parte de Izco, de un delito continuado de «apropiación indebida» entre los años 2007 y 2012.

En el auto se apunta que hay indicios de que parte de ese dinero que fue sustraído de las arcas del club fue recibido por Izco para, entre otros, gastos en hoteles; tiendas de ropa de hombre, mujer y niño; tiendas de lencería; vinotecas; y otros establecimientos de alimentación, perfumerías, restaurantes; un crucero por el Caribe; e incluso en una ITV.

Además, parte del dinero habría sido cobrado por Izco como sueldo mensual, cuando ningún precepto estatuario le autorizaba a percibir ese salario ni había ningún acuerdo social que lo permitiera.

Existen, igualmente, indicios de que, en el verano de 2011, Izco cogió de la caja del club 76.611 euros que fueron contabilizados, en diciembre de ese año, bajo el concepto ‘pago a agente’ conforme a las indicaciones que el presidente dio al contable, sin que exista ninguna justificación documental del destino dado a esa cantidad.

Del mismo modo, el juez ve indicios de que el expresidente osasunista trató de ocultar estas irregularidades, así como la situación económica del club, de modo que la contabilidad rojilla no reflejaba la imagen fiel de la precaria situación económica y financiera de Osasuna.

En ese sentido, el juez ve indicios de que el auditor nombrado por Izco, el también investigado Adolfo Suárez Lopetegi, a sabiendas de la existencia de esas irregularidades, aceptó encubrirlas en las sucesivas auditorías que realizó a la entidad, percibiendo como gratificación por decisión de Izco 325.000 euros de las arcas del club.

Esa cantidad habría sido recibida a través de una entidad mercantil holandesa (Castelino BV), con la que el auditor tenía fuertes vinculaciones, al haber actuado en su nombre en algunas ocasiones. Para ocultar el cobro, la mercantil habría emitido un contrato falso que recogía unos supuestos servicios, no prestados en la realidad, para la contratación del jugador Jukka Raitala, cedido gratuitamente a Osasuna por su club de origen.

Estos documentos, agrega el juez, fueron firmados por el entonces gerente rojillo, Ángel Vizcay, del que existen «indicios racionales» de que era conocedor de la finalidad última de dicha transparencia.

Por todo ello, el juez ha decidido continuar la tramitación de las diligencias para depurar las responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido Izco, Suárez y Vizcay. Se exculpa, no obstante, al resto de directivos al estimar que el club era en aquella época «una entidad eminentemente presidencialista, en la que la mayoría de las decisiones, al menos las extradeportivas, se tomaban por el presidente y el gerente».