La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha anunciado que en el pleno de mañana su grupo votará en contra de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por PNV y PSE para reformar la Ley de Garantía de Ingresos, ya que «no la compartimos ni en el fondo ni en la forma».

«Hemos mantenido reuniones en los últimos meses y vemos que no han tenido voluntad de cambiar los elementos más perjudiciales y regresivos de la propuesta, sobre todo los relacionados con limitar el acceso a la RGI», ha señalado antes de reconocer que todo hace indicar que la propuesta será admitida a tramite gracias al apoyo del PP.

Un hecho «muy significativo» que preocupa a EH Bildu, que, por boca de Kortajarena, ha advertido de que «podemos estar ante un acuerdo entre el Gobierno el PP». «Hasta ahora ha habido una actitud firme para frenar el discurso del PP, pero ahora el PNV y el PSE arrancarán con el PP el inicio de la reforma de uno de los elementos centrales de nuestro sistema de protección», ha añadido.

Y ha alertado a PNV y PSE de que es «muy peligroso» avanzar en la reforma de la ley «con la derecha xenófoba, que ha manipulado de manera torticera la realidad de la RGI». «Es peligroso desde el punto de vista de la convivencia y la cohesión social, y es inaceptable la tibieza del Gobierno y de los grupos que lo sustentan», ha manifestado.

«Recortes de derechos, exclusión y control, esto es lo que pide el PP, y no hay duda de que la reforma será regresiva se si acuerda con ellos», ha destacado Kortajarena, que ha emplazado al PNV y al PSE a que cierren la puerta a la posibilidad de reformar la ley con el PP. «Hago un llamamiento para que aborde un proceso de negociación serio y sincero que permita avanzar hacia una reforma que dé respuesta a la situación de pobreza y precariedad», ha concluido.

Carta de los Derechos Sociales

Por su parte, la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria ha mostrado su rechazo a la «propuesta de recorte de la RGI». Ha denunciado que «el Gobierno Vasco, a través de los partidos que lo apoyan, pretende aprobar una reforma de la RGI que tiene como objetivo nuevos recortes de las prestaciones sociales y criminalizar a quienes perciben estas prestaciones».

Asimismo, ha recordado que PNV y PSE presentaron su proposición de ley tras el registro en el Parlamento de Gasteiz de una ILP contra la pobreza y la exclusión social, en la que se planteaba «una mejora de la cuantía de la RGI (cien por cien del SMI para una persona sola, y 50% más por cada persona adicional de la unidad de convivencia), dar marcha atrás en los recortes aprobados (por ejemplo, volver a un año de empadronamiento) y facilitar el acceso a colectivos hoy excluidos (como poner la edad en 18 años)».  

«La ILP fue avalada por más de 51.000 personas, a pesar de lo cual ni siquiera fue admitida a trámite, debido precisamente al voto contrario del PNV, PSE y PP. Estos tres partidos se han puesto de acuerdo para iniciar el trámite de una proposición de ley que establece la cuantía de la RGI sin referencia al SMI, recorta el derecho de acceder a las prestaciones sociales y da cobertura a prácticas presentes y futuras para tratar a quienes perciben las prestaciones como presuntos delincuentes en lugar de como personas a las que les asiste el derecho a tener unos ingresos mínimos garantizados», ha destacado.

Ante esta situación, la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria ha realizado un llamamiento a rechazar la tramitación de la «reforma restrictiva de la RGI» y ha hecho hincapié en la necesidad de «abordar el debate sobre el modelo de protección social en su conjunto. Para ello, ante la falta de instrumentos adecuados, es necesario un marco vasco de relaciones laborales y protección social».