Evelyn Hernández fue condenada a 30 años de cárcel en 2017 acusada de «homicidio agravado» por inducir al aborto, una práctica penada bajo cualquier circunstancia en El Salvador, tras dar a luz a un bebé que nació muerto. Desde ayer se enfrenta a un nuevo juicio después de que el Tribunal Supremo anulara en febrero la sentencia y ordenara la repetición de la vista oral. Hernández afronta el nuevo juicio en libertad tras su excarcelación en febrero después de haber permanecido 33 meses en la cárcel.

Bertha Deleón, una de las abogadas de Hernández, ha explicado que en el nuevo juicio la Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido «cambiar la tipificación del delito» contra la joven salvadoreña, , quien ya no es acusada de «homicidio agravado» –con dolo y premeditación–, sino de «homicidio culposo» –por negligencia–, que es sancionado con una pena menor, de entre 10 y 20 años de cárcel.

La fecha del nuevo juicio fue cambiada en cuatro ocasiones por diversos motivos, lo que, de acuerdo con diversas organizaciones que luchan para la despenalización del aborto en el país, es una «grave» violación a los derechos humanos de la joven. El tribunal decretó ayer un receso y la vista se retomará el próximo 26 de julio.

En un primer momento del proceso, se informó de que su embarazo fue producto de una violación o una relación forzada, aunque ahora las abogadas defensoras se abstienen de hablar públicamente de las circunstancias a petición de Hernández. La joven, que reside en una zona rural empobrecida, siempre ha afirmado que no sabía que estaba embarazada hasta que se sintió mal en el trabajo, fue al baño y allí dio a luz a un feto muerto.

Morena Herrera, coordinadora del colectivo Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE), ha recordado que Hernández ignoraba que estaba embarazada cuando tuvo un «parto extrahospitalario» en una letrina el 6 de abril de 2016. Al ser ingresada al hospital de Cojutepeque (este del país), fue detenida y acusada por la Fiscalía de «homicidio agravado».

Aunque el análisis del Instituto de Medicina Legal no es concluyente sobre lo ocurrido en el parto, la defensa está convencida de que el niño nació muerto porque aspiró «meconio», el primer excremento que al ser expulsado dentro del vientre causa daño al bebé.

Hasta 50 años de cárcel

El aborto es delito en El Salvador desde 1997, incluso en los casos de violación, enfermedad del feto o riesgo para la salud de la madre, supuestos mínimos que están admitidos en la mayoría de legislaciones penales. El artículo 133 del Código Penal salvadoreño establece una pena de entre 2 y 8 años. Sin embargo, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente acusadas por fiscales y jueces de haberse practicado un aborto e imputadas por «homicidio agravado», un delito penado con entre 30 y 50 años de prisión.

Una veintena de mujeres permanecen encarceladas por abortar en El Salvador. Muchas de ellas sufrieron emergencias obstétricas y tras buscar asistencia en hospitales públicos fueron denunciadas y se les aplicó una severa legislación que prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus circunstancias. Algunas cumplen condenas de hasta 40 años de prisión.

En El Salvador, el caballo de batalla de las ONG es la despenalización del aborto al menos para los casos de violación, dado el elevado número de menores que sufren abusos sexuales, sobre todo en su entorno familiar.

«Uno de los factores es que se trata de una sociedad muy religiosa y fuertemente evangelizada», ha dicho Paula Avila-Guillén, abogada del Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto.

Excarcelaciones

Desde 2009, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto ha logrado que 28 mujeres, acusadas de aborto, recobraran su libertad. Uno de los casos más emblemáticos es el de Teodora del Carmen Vásquez, quien fue condenada a 30 años de prisión por un aborto que no fue probado. La mujer fue excarcelada en febrero de 2018.

El pasado mes de marzo salieron de prisión otras tres mujeres –Alba Rodríguez, de 30 años; María del Tránsito Orellana, de 32, y Cinthia Rodríguez, de 29– condenadas a 30 años de cárcel por sufrir abortos espontáneos por complicaciones obstétricas, después de que el Tribunal Supremo conmutara sus sentencias. Coincidiendo con esas excarcelaciones, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto pidió a los diputados del Congreso que retomen la discusión de dos propuestas de reforma legal para despenalizar el aborto terapéutico

En 2017, Naciones Unidas hizo un llamamiento a las autoridades salvadoreñas para que impusieran una moratoria sobre la penalización del aborto y revisaran las condenas emitidas por estos cargos, pero no ha obtenido respuesta. Un año después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Gobierno de Salvador Sánchez Cerén a «revisar» las condenas impuesta a –entonces– 27 mujeres encarceladas y se sumó a la petición de una moratoria.

El segundo juicio contra Hernández será la primera prueba del nuevo presidente, Nayib Bukele, que se ha mostrado partidario de despenalizar el aborto si hay peligro para la vida de la madre.