María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, que promueve el aborto en caso de embarazo por violación, ha señalado que tras el rechazo de la Asamblea Nacional ecuatoriana a modificar la legislación vigente desde 2014 para permitir la interrupción del embarazo en los casos de violación, incesto y malformación fetal que «ahora nos queda demandar ante la máxima Corte Constitucional la inconstitucionalidad» de las reglas que limitan el aborto no punible.

«Vamos por una opción de inconstitucionalidad», afirma también Virginia Gómez de la Torre, de la Fundación Desafío, que impulsa el aborto sin distinción.

En la Asamblea Nacional (con 137 escaños), sectores de derecha se opusieron a reformas sobre el tema en el Código Penal, que actualmente solo permite el aborto cuando la vida o salud de la madre está en riesgo o si el embarazo es producto de la violación de una mujer con discapacidad mental.

Asimismo establece que la mujer embarazada que aborte o permita que otra persona se lo practique será castigada con cárcel de seis meses a dos años. Si durante el procedimiento la mujer muere, quien lo realizó será penado con hasta 16 años de prisión.

La propuesta de la comisión de Justicia también contemplaba el aborto sin pena para los casos de embarazo por inseminación no consentida, en los que actualmente hay castigos de hasta diez años de prisión para la persona que la practique.

Once violaciones al día

La titular de la comisión de Justicia, Ximena Peña, lamenta la falta de apoyo para despenalizar el aborto. Enfatizó que cada año 3.000 mujeres menores de 14 años «son violadas y embarazadas» en Ecuador, un país conservador y con un 80% de población católica.

«Siete niñas menores de 14 años paren de violadores. Siete niñas al día abortan en Ecuador», donde «se reportan once violaciones diarias a mujeres», denuncia.

El aborto está tipificado como delito en Ecuador desde hace dos siglos. «El país ha tomado una postura nada progresista en derechos humanos» al negarse a despenalizar el aborto, se lamenta en declaraciones a AFP la abogada y activista Patricia Carrión.

«No hay una visión progresista sino, al contrario, una visión regresiva de los derechos humanos», asegura.

La ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, ha mostrado su apoyo a la despenalización del aborto.

Las mujeres «aun no podemos decidir sobre nuestros cuerpos ni siquiera al ser violadas, pero nunca nos hemos rendido», ha subrayado en su cuenta en Twitter, en la que estampó un rótulo con fondo verde –color que simboliza la lucha a favor de legalización del aborto– con la leyenda «SERÁ LEY #AbortoPorViolación ECUADOR».