En este asunto, Kote Cabezudo, al que acusan 21 mujeres y que permanece en prisión desde mayo de 2018, está procesado por cuatro delitos contra la libertad sexual, trece contra la intimidad y la propia imagen, 17 de estafa (tres de ellos continuados) ocho de corrupción de menores y cinco contra la integridad moral.

La complejidad de esta causa principal llevó a los juzgados donostiarras a desgajar algunas de sus partes en diferentes piezas separadas, en una de las cuales el fotógrafo ya ha sido condenado de manera firme a dos años y tres meses de cárcel por tratar de «intimidar» a una de sus víctimas, colgando una fotografía suya desnuda en una red social tras personarse en el procedimiento.

Además, en otro de estos asuntos separados, aún pendiente de juicio, la Fiscalía le pide nueve meses de cárcel por intentar borrar imágenes de un servidor informático antes de que la Ertzaintza pudiera acceder a él con el fin de obtener pruebas para la investigación.

En una tercera causa desgajada, el fotógrafo se enfrenta a otra petición de nueve meses de reclusión por parte del Ministerio Público que le acusa de incumplir un mandato judicial que le obligaba a borrar de internet «todo rastro de imagen» de otra de las denunciantes.

A estos casos, se suma ahora la citada petición de cinco meses de reclusión que formula la Fiscalía por aportar dos contratos falsificados a los juzgados con el fin de «tratar de evitar» que una de sus modelos «apareciera como menor de edad».

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, citado por la agencia Efe, estos hechos se remontan a los años 2008 y 2009, cuando el imputado «celebró varias sesiones de fotografías» con esta chica, cuando ella aún era menor de edad.

«Durante el curso de las sesiones –detalla el documento–, el acusado hizo constar, en al menos dos de los contratos, fechas diferentes» a las que en realidad habían sido realizadas las fotografías, «tratando de evitar con ello que la víctima apareciera como menor de edad».

Años después, el 13 de mayo de 2015, cuando la instrucción judicial en su contra ya estaba avanzada, Cabezudo presuntamente presentó en los juzgados estos contratos «con pleno conocimiento» de que «no eran ajustados a la realidad».

En opinión del Ministerio Público, este hecho es constitutivo de un delito de uso de documentos falsos en procedimiento penal, si bien la Fiscalía considera que la eventual comisión de otro delito de falsificación en documento mercantil ya habría prescrito.

Una opinión no compartida por la acusación particular que ejerce la víctima y que reclama para cabezudo penas que suman cinco años y dos meses de reclusión, así como multas por un importe total de 10.785 euros y una compensación de 15.000 euros para la perjudicada.

Según la versión de la víctima, Cabezudo habría falsificado estos contratos «con la clara intención de simular la mayoría de edad de la modelo, habida cuenta del contenido explícitamente pornográfico que realizó en dichas sesiones».

En su escrito de acusación, la representación de la perjudicada, recalca además que su clienta «ni era mayor de edad en el momento» en el que se produjeron los hechos «ni consentía en la producción de estos contenidos».