Según un auto emitido por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español que se ha hecho público este lunes, el caso será competencia finalmente del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

El documento alude a un informe policial en el que se apunta que Mijail Fridman –ahora el mayor accionista de DIA con el 69,76% de los títulos y que está investigado también por la quiebra del grupo ZED– es el máximo responsable de una trama que generó en la empresa «una situación de conflicto y provocó situaciones de bloqueo y falta de liquidez a corto plazo para que su cotización cayera».

En el auto se plantea que la estrategia pretendía mantener «una elevada tensión financiera» para que el precio de la acción siguiera bajo, hasta acabar lanzando, a través de la sociedad LetterOne, una oferta de compra por la compañía una vez depreciada.

Después de 18 meses como accionista minoritario, el pasado mes de febrero Fridman lanzó una opa sobre la cadena de supermercados que acabó cerrando con éxito en mayo.

La firma cotizaba en torno a los 5 euros cuando el magnate ruso se hizo con una participación del 10%, en julio de 2017; desde entonces su precio cayó con fuerza hasta situarse ahora en los 45 céntimos, como consecuencia de una grave crisis que colocó al grupo de distribución –que además de en el Estado español también opera en Argentina, Brasil y Portugal– al borde de la quiebra.

Lío judicial

El informe policial señala que la trama «mezcla personas físicas y jurídicas de diversas nacionalidades –entre ellas, mercantiles noruegas–, lo que acrecienta la complejidad de las labores de investigación».

Además, advierte de que «en países como EEUU, Reino Unido y Holanda las operaciones por este empresario están supervisadas intensamente, lo que no ocurre en España».

El TS justifica su decisión de que sea la Audiencia Nacional la que se haga cargo del caso por, entre otros factores, la «sospecha» de que se haya producido «un perjuicio patrimonial» que afecte a accionistas y trabajadores de DIA en diferentes comunidades autónomas, con un impacto aún por calcular, pero superior a 7 millones de euros.

El Juzgado Central número 4 decidió no admitir a trámite la denuncia por falta de competencia el 5 de marzo y se inhibió a favor de los juzgados de Madrid, que rechazaron hacerse cargo el día 29 de ese mismo mes, por considerar que era competencia de la Audiencia.

La disputa acabó en el Supremo, que ha dado la razón a los juzgados de Madrid y deja el expediente en manos de la Audiencia Nacional.