Urrutikoetxea: el fallo sobre las euroórdenes, el 18 de diciembre, y el de extradición, el 8 de enero

Después de que el pasado 16 de octubre la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París acordara una suspensión de la vista, esta instancia judicial ha analizado en la tarde de este miércoles las cuatro demandas presentadas por la Justicia española contra el histórico dirigente de ETA. El fallo sobre las dos euroórdenes se conocerá el 18 de diciembre, y el tribunal anuncia para el 8 de enero la decisión relativas a las dos demandas de extradición.

Maite Ubiria|13/11/2019
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Josu Urrutikoetxea. (GARA)

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación ha iniciado en la tarde de este miércoles el análisis del procedimiento sobre las causas que, a instancia de las autoridades judiciales españolas, se siguen en París contra Josu Urrutikoetxea, detenido el 16 de mayo en los Alpes franceses y recluido desde entonces en la parisina prisión de la Santé.

El tribunal resolverá el 18 de diciembre sobre las dos euroórdenes y el 8 de enero sobre las demandas de extradición. En todo caso serán decisiones provisionales ante las quecabe recurso, lo que aaugura un proceso largo.

Urrutikoetxea tiene 68 años de edad, y su estado de salud delicado, según han venido denunciando tanto Etxerat como la familia, se ha agravado por las negligencias médicas, que llevaron a retrasar una intervención quirúrgica urgente, por la que al final fue operado, en setiembre.

Ese mismo mes, la petición de la defensa de excarcelar a Urrutikoetxea fue rechazada, por lo que el preso ha debido enfrentar un complicado postoperatorio en prisión.

Condenas y acusaciones

Sin obviar la significación que las autoridades españolas dan a su figura, y las presiones de todo tipo consiguientes, Urrutikoetxea se enfrenta a un proceso judicial complejo.

Globalmente ese procedimiento tiene por base, además de las condenas por rebeldía que le fueran impuestas en el Estado francés, y que la defensa de Urrutikoetxea ha recurrido -lo que obliga a la repetición del juicio desde el principio-, un total de cuatro demandas de entrega presentadas por la Audiencia Nacional española.

Las causas francesas por las que París condenó a Urrutikoetxea en 2010 y en 2017 tienen prioridad, lo que, de salida, llevaría a descartar una entrega del militante de Ugao hasta que no se complete ese proceso, más aún si el tribunal se reafirmara en la condena.

La defensa de Urrutikoetxea afronta esas causas con algunos elementos a favor. Entre ellos, el principal se deriva del contexto temporal y político.

Los letrados Laurent Pasquet-Marinacce y Laure Heinich cuentan con que tal proceso permita a Urrutikoetxea explicarse en un tribunal sobre su papel en relación al proceso de resolución, toda vez que, sin ir más lejos, la condena que debe revisarse en primer lugar, la emitida en 2017, remite a la presencia del histórico dirigente de ETA en Noruega.

Efectivamente, esa condena incluye un periodo -2011-2013- en que una delegación de la organización armada ya desaparecida esperó, sin éxito, a abrir un proceso de negociación con el Estado español. Hasta que fuera desmantelada esa esfera de diálogo, la delegación de ETA mantuvo diversas reuniones con representantes del ámbito internacional, aunque también con un enviado que se encargó de dar puntual información a Madrid.

Dos euroórdenes y dos demandas de extradición

En todo caso, la vista de hoy ha tenido otro sentido, como es el examen de procedimiento sobre las dos euroórdenes dictadas contra Urrutikoetxea, a priori sin entrar en el fondo. Y de las dos demandas de extradición, que permiten un análisis de contenido.

La primera de esas demandas de extradición se refiere a su imputación por el atentado mortal que costó la vida al directivo de la empresa Michelin Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980. Esa acción armada fue reivindicada por ETA (pm).

En su demanda, Madrid no especifica esa circunstancia, pese a que en diferentes informes, publicaciones de prensa de la época e incluso desde entidades dedicadas a la memoria de las víctimas de ETA se ha señalado que el atentado fue cometido por los «polimilis» y también es profusa la documentación -gran parte de ella basada en informes policiales- sobre la adscripción en esa época de Urrutikoetxea a ETA-militar.

La segunda causa se refiere al ataque con coche bomba el 12 de diciembre de 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, en el que murieron once personas.

El Tribunal Supremo español absolvió por esos hechos a Urrutikoetxea, que había recibido una condena de 10 años, lo que llevó a su excarcelación en 2000.

Aduciendo que en el momento de cometerse ese atentado Urrutikoetxea era integrante de la dirección de ETA, la Guardia Civil elaboró un informe que sentó la base para una nueva imputación por los mismos hechos por los que fue absuelto por falta de pruebas.

Una causa sin presos y otra por crímenes de lesa humanidad

A esas demandas de extradición -en el momento de producirse los hechos no existía el mecanismo de la orden de entrega europea- se suman sendas euroórdenes, una por crímenes de lesa humanidad y la otra relativa al caso de las «herriko tabernak».

Son esas causas recientes por las que ha arrancado la vista. Urrutikoetxea ha rechazado las mismas, y la Fiscalía ha secundado la entrega. El tribunal dará a conocer su decisión, susceptible de ser recurrida, el próximo 18 de diciembre.

Tras el fallo del Supremo español que rebajó las condenas, no hay nadie en prisión por el caso de las «herriko tabernak». Por lo que respecta a la acusación de crimen de lesa humanidad, cabe señalar que los tribunales españoles sostienen la demanda de entrega basada en esa excepcional acusación en relación el atentado en el aeropuerto de Barajas, en 2006, en el que perdieron la vida dos ciudadanos latinoamericanos.

El delito de lesa humanidad, que es imprescriptible, evoca los procesos contra los crímenes de la dictadura argentina, causante de la muerte y desaparición de decenas de miles de personas.

La última condena conocida en base a esa calificación -más concretamete por crímenes de guerra y de lesa humanidad- fue emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya contra exjefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC) Bosco Ntaganda.

Según se recoge en la sentencia, los jueces le consideraron culpable de todos los crímenes por los que fue juzgado, entre los que estaban el alistamiento de niños soldados, permitir abusos sexuales a menores de edad, asesinatos, y ordenar ataques contra la población civil de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo, entre los años 2002 y 2003.