Así lo han planteado sus representantes en sesión parlamentaria, donde Benito Uterga (Pentsionistak Martxan) ha definido la situación en Nafarroa, donde en 2018 había 135.000 pensiones, de las que 62.000 estaban por debajo de 1.100 euros, de ellas 41.000 por debajo de los 735,46 euros que el Gobierno navarro tiene como pensión mínima (el herrialde complementa la pensión de jubilación hasta esa cantidad los 677,40 euros de base en el Estado).

Ha valorado que desde que el Gobierno de Nafarroa complementa las pensiones a través de deducciones fiscales han aumentado progresivamente los beneficiarios, que en 2016 eran 9.000 personas con un coste de 2,3 millones de euros y en 2018 son 22.00 personas con 3,5 millones de coste.

En las cifras, ha alertado de que hay un «desfase» de 19.000 pensiones que no están complementadas, «en gran medida por el desconocimiento que las personas mayores tienen», por lo que ha abogado porque sea el Gobierno de Nafarroa «de oficio» el que realice la declaración de la Renta a los contribuyentes en estos casos.

Antonio Jiménez (Amona) ha explicado que las tres formaciones defienden «un sistema público de pensiones que nos garantice una vejez digna», y ha lamentado la situación muchos pensionistas con bajas percepciones atribuidas a los «salarios indignos que proporciona la precariedad a la que estamos abonados por las reformas laborales».

También ha advertido que aún es peor la situación de «auténtico escándalo» en las pensiones no contributivas (que no llegan a los 400 euros) y ha hecho hincapié en la «desigualdad de género» también en las pensiones, que o cobran muchas mujeres por haberse dedicado a trabajar en sus hogares.

Buenaventura Bordas (Amona) ha explicado que con 677 euros en el Estado o 735 en Nafarroa «se vive muy mal, sobreviviendo y a duras penas», sin «ningún tipo de capricho o lujo», ha señalado para reivindicar que la «dignidad» de las personas mayores no se mide solo por la suficiencia de una pensión, pero lo que les ha llevado al Parlamento es su derecho a «sobrevivir con dignidad», lo que se alcanzaría con la pensión mínima de 1.080 euros que reconoce la Carta Social Europea.

Por Pentsionistak Martxan, Ana Sarobe ha puesto el acento en las mujeres, quienes viven «desigualdades aún mucho mayores» derivadas de su «papel de cuidadoras» al que la sociedad franquista les destinó para que después solo pudieran vivir con la pensión de jubilación del marido y, a su fallecimiento, con la de viudedad, con el añadido de que quienes no se casaron se quedaban sin ninguna pensión.

Con todo ello, Jesús Perez Salvatierra (Sasoia) ha defendido el movimiento de pensionistas que reivindican estos puntos en la calle mediante una «tabla consensuada» y que, en este caso, ha instado a utilizar las competencias de Nafarroa para alcanzar los 1.080 euros de pensión, así como a derogar las reformas laborales de 2010 y 2012.

En el turno de los grupos, todos han coincidido en lamentar la situación, en abogar por la mejora de estas pensiones, y en considerar que las pensiones de deben responder a las cotizaciones y no convertirse en prestaciones.

En todo caso, se han puesto de manifiesto las diferencias políticas con críticas a las reformas llevadas a cabo por los gobiernos de PSOE y PP, por un lado, o las suspicacias que en estas formaciones crea la demanda de que sea en Nafarroa donde se gestionen las pensiones.