Ambos han declarado este martes como testigos ante el Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dentro del proceso que se sigue por la denuncia de Habidite Technologies SA en la que reclama una indemnización de 30,8 millones de euros por el incumplimiento de los convenios firmados en 2006 para un proyecto de construcción de una fábrica de viviendas modulares en Alonsotegi, que no se llegó a materializar.

En concreto, la empresa solicita 8,1 millones por los gastos en inversión que efectuó Habidite en el marco de ese proyecto, 6 millones correspondientes a la pérdida de una subvención del Ejecutivo de Lakua, 10,5 millones por la cantidad que se estima que podría haber recibido en ayudas compatibles con la normativa de la UE si Diputación hubiera seguido el trámite «adecuado», 3,3 millones en concepto de lucro cesante y 2,9 por daño moral y menoscabo a la empresa.

En una sentencia dictada en junio de 2017, el Supremo español dió la razón al empresario Jabyer Fernández en un pleito contra la Diputación mediante una sentencia en la que censura la manera en la que la institución anuló tres convenios para poner en marcha el fallido proyecto de Habidite de construcción de viviendas modulares.

El ex diputado general de Bizkaia y actual presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, José Luis Bilbao, ha asegurado, en su testimonio, que la Diputación decidió preguntar a la Comisión Europea sobre los convenios suscritos para el desarrollo del proyecto de Habidite tras un informe del TVCP de diciembre de 2008 en el que se advertía de la posibilidad de que se incurriera en ayudas de Estado.

En todo caso, ha afirmado que fue la institución foral la que adoptó esta decisión. «La Diputación, no yo –yo no era superman–, que funciona con unas normas, con una estructura administrativa, con unos informes, decidió preguntar a la CE directamente por estos convenios por un principio de seguridad jurídica».

«No sabría decirle»

«No sabría decirle» qué hizo la Diputación tras recibir esa comunicación, ha contestado el jeltzale.

Por contra, el grupo Habidite invirtió 8 millones y contrató durante 3 años a 70 personas, ha asegurado el promotor empresarial. La actuación de la Diputación afectó a la situación del grupo empresarial Habidite e hizo fracasar la planta en Bizkaia, aunque sí se pusieron en marcha otros proyectos en Zaragoza y Madrid, ha sostenido.

Por otra parte, Jabyer Fernández fue condenado y encarcelado por un delito de insolvencia punible por la quiebra de la constructora Iurbenor, después de haber desviado parte del dinero ingresado por los terrenos de la antigua fabrica de Sefanitro. Entonces, Fernández acusó al PNV de traicionarle y causar la quiebra de Iurbenor.

La carta de Bilbao

Jabyer Fernández, que fue responsable de Habidite, ha acusado a la Diputación de «autodenunciarse a Bruselas», con lo que «quedó claro que el proyecto ya estaba paralizado». Asimismo, ha manifestado que «el punto de inflexión» fue una carta remitida a José Luis Bilbao en febrero de 2009, en la que denunciaba el incumplimiento de los convenios y que generó «un malestar importante» en el ex diputado general.

Según ha afirmado, a partir de ahí lo que se hizo fue «perseguirme en busca de eliminar cualquier rastro de Habidite y del profesional que yo pudiera representar». De este modo, ha apuntado, el grupo sufrió «una persecución desde el punto de vista económico muy importante» y, aunque sus compañías «sobreviven», lo pasaron «muy mal».