naiz
Córdoba

La Fiscalía rebaja a seis años su petición de pena para ‘La Manada’ por el caso de Pozoblanco

La Fiscalía ha rebajado de siete a seis años su solicitud de pena de cárcel para los cuatro miembros de ‘La Manada’ acusados de abusos sexuales a una joven en la localidad cordobesa de Pozoblanco tras conocerse en la feria de Torrecampo, en unos hechos anteriores a los de la violación de los sanfermines de 2016. La acusación particular no ha modificado sus peticiones y la defensa ha solicitado la absolución.

Los cuatro miembros de ‘La Manada’, en el banquillo el lunes. (POOL EFE)
Los cuatro miembros de ‘La Manada’, en el banquillo el lunes. (POOL EFE)

La Fiscalía ha rebajado de siete a seis años su solicitud de pena de cárcel para los miembros de ‘La Manada’ José Angel Prenda, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Cabezuelo acusados de abusos sexuales a una joven en la localidad de Pozoblanco.

Mientras, la acusación particular ha elevado a definitivas sus conclusiones sin modificar, con penas de casi siete años de prisión; la acusación popular, que solicitaba las mismas penas que la otra acusación, ha incrementado la pena para uno de los procesados hasta los cinco años de cárcel por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual, en vez de los dos años y seis meses que pedía por abusos sexuales.

Y la defensa ha pedido la absolución y como pena alternativa, en caso de no considerarse la anulación del vídeo, que Prenda cumpla dos años de cárcel, «con las accesorias previstas en la ley», por un delito de «maltrato de obra en concurso con un delito contra la intimidad»; una multa de 180 euros para Escudero por un delito de «maltrato de obra», y para los otros dos, Guerrero y Cabezuelo, penas de seis meses de prisión por «delitos contra la integridad moral».

Hechos acreditados

En concreto, el fiscal, Jesús Aparicio, ha mantenido que «tras la prueba practicada han quedado acreditados los hechos» y ha subrayado que pese al «enorme esfuerzo de la defensa para expulsar la prueba documental», la obtención de la misma «se realizó legítimamente».

Por tanto, ha afirmado que el vídeo «debe ser admitido por el juez para fundamentar una sentencia condenatoria sobre la base del documento y lectura de comentarios». 

Según ha expuesto, «los vídeos son explícitos y esclarecedores para que los hechos queden acreditados» como delito de abuso sexual, precisando que no aprecia «ninguna conducta de que hubiera agresión sexual», todo ello tras «someter a la víctima a numerosos tocamientos».

Además, ha indicado que «el alcohol pudo ser la causa de inconsciencia», si bien «no se ha podido acreditar la causa», ni que le «suministraran sustancia tóxica», a la vez que cree, a diferencia de las acusaciones, que el delito de abusos no es continuado y que los dos años de cárcel es «la pena adecuada y proporcional», sin aplicar el tipo agravado. También, ha aseverado que «las imágenes fueron grabadas sin consentimiento» e «incrementaron el daño» a la víctima.

De este modo, ha pedido penas de dos años de prisión en lugar de los tres que inicialmente pedía por la comisión de un delito de abusos sexuales, cuatro años más por delito contra la intimidad por difusión de vídeo y para uno de ellos, el último conductor, una multa de 720 euros por supuestamente causar lesiones leves.

También ha pedido para la víctima como responsabilidad civil una indemnización conjunta que deberán pagar los acusados de 4.500 euros por su curación y 6.000 más por los daños morales causados.

Acusaciones

La acusación particular, que representa a la joven con el abogado Blas Arévalo, ha sostenido que son «contundentes» los testimonios de la víctima tras los hechos, aunque «no la creyeron», y ha dicho que grabaron para «humillar». Además, ha defendido que la investigación se ha realizado «de manera totalmente legal» y que «fue ella la que quiso denunciar».

Igualmente, ha manifestado que la pena que pide es «por la gravedad» de los hechos y ha solicitado al juez que «el silencio de los acusados pueda ser valorado como indicio de culpabilidad, porque son ellos los únicos capaces de poder decir algo, porque los otros contenidos están objetivados».

Así, solicita dos años y seis meses de cárcel, órdenes de alejamiento por cinco años y un año de libertad vigilada por delito continuado de abusos sexuales; así como cuatro años y tres meses de cárcel por delito contra la intimidad. También, reclama una indemnización de 3.600 euros por lesiones sufridas y 80.000 euros por daño moral.

La acusación popular, representada por la Asociación Clara Campoamor con la letrada Patricia Catalina, ha indicado que «sorprende la actitud del fiscal» tras su exposición de conclusiones, al tiempo que ha declarado que la víctima «siempre piensa que algo ha ocurrido ahí» y que «no ha habido contradicciones» al declarar.

Ha añadido que el moratón que presentaba la joven «no tiene correspondencia con ningún tipo de caída» y ha puntualizado que una de las testigos que «pidió a la joven que no denunciara» los hechos «ha mentido» ante el juez. Además, ha comentado que eleva una de las penas a agresión sexual, porque a su juicio «existe prueba suficiente para plantear esta subida o, al menos, tenerla en consideración».