Aung San Suu Kyi ha pasado de recibir el Nobel de la Paz en 1991 por luchar contra una dictuadura militar en Myanmar a comparecer hoy ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para defender a un Estado y su Ejército, acusado de genocidio contra la comunidad musulmana de los rohingyás.

La consejera de Estdo de Myanmar encabeza de la delegación del Gobierno birmano, en una demanda planteada por Gambia para que ponga fin al genocidio contra la los rohingyás.

«Todo lo que Gambia pide es que le digáis a Birmania que cese estos asesinatos sin sentido», ha señalado el ministro de Justicia gambiano, Abubacarr Tambadou, en su intervención inicial. «Que detenga estos actos de barbaridad y brutalidad que han conmocionado y siguen conmocionando nuestra conciencia colectiva. Que detenga este genocidio de su propia gente», ha añadido.

Gambia presentó una denuncia contra Myanmar ante el TIJ en noviembre acusándole de violar sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948, aunque la acusación no implica cargos penales contra individuos.

Durante los tres días que durará la vista, Suu Kyi será la encargada de defender la postura de su país, que argumenta que las acciones del Ejército birmano se enmarcaron en una respuesta «antiterrorista» ante los ataques cometidos por milicianos rohingyas.

La acusación se refiere a dos oleadas de brutales operaciones militares del Ejército birmano en 2016 y 2017, en las que miles de civiles fueron ejecutados y más de 900.000 rohingyás huyeron a Bangladesh.

Sin embargo, los procedimientos de esta semana ante un panel de 17 jueces no abordarán la denuncia de genocidio propiamente dicha, sino la petición por parte de Gambia de medidas cautelares para proteger a esta comunidad de futuros abusos de las Fuerzas Armadas.

La acusación, que también ha sido apoyada por Canadá y Países Bajos, se basa en un informe elaborado por una misión de investigación  de la ONU que concluyó que las operaciones militares habían sido llevadas a cabo con «intención genocida».

Imagen reforzada en Myanmar

Aung San Suu Kyi sorprendió el mes pasado con el anuncio de que ella misma lideraría la delegación que tratará de impugnar la acusación para defender el «interés nacional» de su país. La líder birmana encabeza su equipo legal en calidad de ministra de Asuntos Exteriores, cargo que también ostenta.

Aunque su tolerancia y justificación de la persecución contra los rohingyás ha deteriorado su imagen en el mundo, la decisión de defender al Estado birmano ante el tribunal ha reforzado su popularidad en Myamnar, donde está generalizada la idea de que los rohingyá son inmigrantes ilegales de Bangladesh pese a haber vivido en el país durante siglos.

Al menos entre la mayoría bamar del país, predominantemente budista, asentada en el corazón del país, donde también el Ejército ha recibido un amplio apoyo popular por sus acciones.

Una gran parte de la opinión pública ve el proceso como un ataque injustificado contra el país ante el que muestran un decidido apoyo a Suu Kyi.

Además, su defensa puede servir a la líder birmana para mejorar las relaciones con el poderoso Ejército que diseñó una Constitución a su medida que le otorga una independencia casi total con respecto al Gobierno civil, el control de tres ministerios y la designación a dedo de una cuarta parte del Parlamento. 

Relatos de atrocidades

Suu Kyi ha escuchado hoy inexpresiva las atrocidades relatadas por uno de los abogados de Gambia, que leyó el testimonio de supervivientes. «Cuando entré en la casa, los soldados cerraron la puerta. Un soldado me violó. Me apuñaló en la nuca y en el abdomen. Intenté salvar a mi bebé, que tenía solo 28 días, pero le lanzaron contra el suelo y murió», señaló en uno de ellos.

Los relatos expuestos hablan de ejecuciones extrajudiciales, violaciones en masa y quema de familias enteras    
Fuera del tribunal, decenas de rohingyas se manifestaron para reclamar justicia para las víctimas, mientras que en Rangún, la capital comercial de Myanmar, miles de personas se concentraron en apoyo a Aung San Suu Kyi.

Entretanto, varios generales del Ejército birmano se enfrentan a posibles acusaciones de crímenes de lesa humanidad en el Tribunal Penal Internacional, y a una denuncia en Argentina según el principio de justicia universal.