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La cuarta orden de entrega de Sorzabal relanzará el debate de la tortura en los tribunales franceses

La cuestión del empleo de la tortura en el Estado español genera incomodidad en instancias judiciales francesas, aunque ello no ha impedido a París aceptar una docena de euroórdenes cimentadas en alegaciones de tortura. El 20 de febrero volverá a plantearse el debate en base al cuarto procedimiento de entrega al que debe hacer frente la prisionera irundarra Iratxe Sorzabal.

Una movilización en Irun en contra de la entrega de Iratxe Sorzabal. (Naiz)
Una movilización en Irun en contra de la entrega de Iratxe Sorzabal. (Naiz)

El próximo 20 de febrero, uno de los casos de torturas mejor documentado, el de la irundarra Iratxe Sorzalal, presa en la cárcel parisina de Réau, volverá a plantear el debate en el Tribunal de Apelación.

Pese a que los análisis ordenados por el propio tribunal dieron credibilidad a la denuncia de torturas presentada por Sorzabal, París ha aceptado los tres mandatos de entrega precedentes presentados por la Audiencia Nacional española.

La sombra de la tortura es alargada e impregna ya una docena de procedimientos por los que los tribunales franceses han aceptado entegrar a vascos a las autoridades españolas.

No se puede descartar que esa lista vaya en aumento, ya que varios presos vascos en cárceles hexagonales, caso de Garikoitz Aspiazu, podrían ser objeto de nuevas demandas de entrega.

«Estos últimos años, la mayoría de las euroórdenes emitidas desde Madrid tienen como base probatoria declaraciones hechas bajo la tortura», ha declarado a Mediabask la abogada de la presa irundarra, Xantiana Cachenaut.

El caso de Iratxe Sorzabal es especial. En su caso el tribunal francés aceptó que se le aplicara el Protocolo de Estambul que sirve para determinar la verosimilitud del relato de la persona que ha denunciado torturas.

Era la primera vez que eso ocurría y los expertos que examinaron a Sorzabal aportaron un informe concluyente respecto a los tormentos que sufrió la militante de ETA tras su detención, en 2001, por la Guardia Civil.

En el momento en que se presentó al tribunal ese informe, una Sorzabal visiblememente emocionada se dirigió a los jueces para decirles que «es hora de que la Justicia francesa reaccione ante la tortura».

Su letrada corrobora que la presentación de ese informe «brindó una oportunidad excelente» para que las autoridades francesas levantaran acta y negaran la entrega de Sorzabal, o como mínimo elevaran la cuestión a la Corte Europea de Justicia, a fin de que esa instancia superior se pronunciara sobre la obligación o no de un estado de responder a un requerimiento de entrega de otro estado miembro de la Unión Europea cuando media un denuncia de tortura.

Sin embargo, tampoco la Corte de Casación gala a la que la defensa de Sorzabal recurrió para solicitarle que planteara a Luxemburgo esa cuestión prejudicial se quiso implicar en ese trámite, lo que para la letrada «es un hecho revelador del grado de cerrazón de los más altos rangos de la judicatura francesa en esta materia».

Ello le lleva a sentenciar que «estamos ante una situación extremadamente grave en términos de garantías de derechos fundamentales».

Una batalla política en Europa

Así las cosas, hay dos opciones posibles cara a mantener vivo el debate sobre el uso de la tortura. Bien recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, para lo que habría que esperar a la conclusión del cuarto procedimiento de entrega contra Sorzabal en el Estado francés, todavía en curso.

La segunda opción sería solicitar a la Comisión Europea un pronunciamiento sobre la negativa de la Corte de Casación francesa a plantear a la Corte de Justicia de la UE una cuestión prejudicial relativa a la aceptación de una euroorden en cuya base aparece la tortura.

Este segundo procedimiento es todavía más largo que el primero, pero como la cuestión se plantearía a un órgano político como en la Comisión Europea, ello obligaría al Estado francés a pronunciarse, lo que volvería a poner el foco en la tortura en tanto que cuestión política.