En un debate en Radio Euskadi, donde solo EH Bildu ha defendido la huelga, el portavoz del PNV en el Parlamento de Gasteiz, Joseba Egibar, ha acusado a los sindicatos ELA y LAB de pretender «ambientar el año electoral» con esa convocatoria, que a su juicio «es desproporcionada, está desubicada y constituye cierto despropósito».

Egibar ha considerado «pertinente» que el lehendakari, Iñigo Urkullu, haya pedido a ELA y LAB que «reconsideren» la convocatoria. El portavoz del PNV ha afirmado que la aprobación de los presupuestos del Gobierno de Gasteiz, la previsible aprobación de las cuentas públicas en Nafaroa y la formación del nuevo Gobierno español son tres factores que «desubican y descolocan a quien tenía la previsión de ambientar el año electoral».

Iker Casanova, de EH Bildu, ha rechazado que, al apuntar que la huelga tiene un «interés electoral», se trate de sugerir que el paro «favorecerá a EH Bildu». Con ello, a su juicio, se «desprecian las razones de fondo» de la huelga, como la precariedad laboral o la situación de las pensiones.

Casanova ha calificado de «absolutamente inaceptable» la actitud de Urkullu de no recibir a los representantes de ELA y LAB. «No se ha comportado como lehendakari, sino de forma sectaria y partidista. Es su obligación recibir y atender a los sindicatos mayoritarios», ha dicho.

Edurne García, de Elkarrekin Podemos, ha considerado que esta convocatoria de huelga «ha perdido su carácter de reivindicación laboral» y es más de índole «social y política».

Ha puesto de relieve que la huelga se plantea cuando se acaba de constituir «un Gobierno progresista» en Madrid, ha subrayado que la mayoría de las reclamaciones de los convocantes son de «competencia estatal» y ha remarcado que la convocatoria «no cuenta con el consenso de todos los agentes sociales».

Gloria Sánchez, del PSE, ha reiterado que la huelga es «política» y constituye «un pulso al Gobierno de Euskadi en un año electoral». Ha considerado «inexplicable» esta convocatoria cuando se acaba de constituir en el Estado español «un Gobierno progresista comprometido con fortalecer el sistema público de pensiones», y ha acusado a ELA y LAB de haber provocado la «división» del colectivo de pensionistas.

Carmelo Barrio, del PP, ha subrayado que se trata de una huelga «más de banderas políticas que de derechos sociales» y representa «un paso más» de la estrategia de «desestabilización de la sociedad» a la que a su juicio «acostumbran» ELA y LAB.

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, de la que forman parte ELA y LAB entre otros, ha convocado una huelga general para el 30 de enero en demanda de un trabajo, unas pensiones y una vida dignas.