Tras el Consejo de Ministros y la videoconferencia mantenida por parte del presidente español, Pedro Sánchez, con sus homólogos de las comunidades autónomas, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha indicado que no habrá diferencias en la aplicación del denominado permiso laboral retribuido recuperable.

«No es el momento de la división y de resaltar las diferencias, sino de mandar un mensaje único a los ciudadanos», ha explicado. En esta misma línea, ha resaltado que «no tiene sentido» adoptar excepciones, pues «el virus se expande sin ningún tipo de diferenciación entre territorios o estatus económicos».

Montero ha dejado claro a todos los ciudadanos que será el Gobierno estatal el que adoptará «medidas homogéneas» para todo el territorio estatal y ha insistido en que la «unidad de acción» con las comunidades autónomas es «imprescindible y fundamental» para combatir la pandemia del coronavirus.

Con ello, la portavoz del Ejecutivo de Sánchez ha contestado a las críticas del lehendakari de la CAV, quien ha tildado de imposición la medida de cesar todas las actividades no esenciales durante quince días, si bien ha matizado que las «adaptará con responsabilidad» y exigido que el Gobierno español aclare de forma inmediata aquellos sectores afectados para evitar «confusión e incertidumbre».

Asimismo, ha censurado que «por tercera semana consecutiva» la videoconferencia ha tenido un carácter «solo informativo y no deliberativo». «Comunicar públicamente, antes de reunirnos, decisiones consumadas y no consultadas, no es un buen método», ha reprochado al presidente español, a quien ha demandado que «corrija esta distorsión».

Urkullu ha añadido que había «alternativas menos lesivas», como esperar una semana para que el cese coincidiese con Semana Santa y causar, así, «un menor impacto en la economía, en la industria y, sobre todo, en la protección del empleo».

Ha reclamado, además, medidas complementarias «para apoyar al sector industrial y compensar el grave impacto en el empleo y en la actividad productiva que va a tener la decisión de cierre adoptada». «El empleo, la economía y el futuro se enfrentan a un panorama peor», ha añadido, a la par que ha exigido «con inmediatez, la máxima claridad en los criterios de aplicación del decreto por sectores de actividad, para garantizar que se evite el riesgo más que evidente de confusión e incertidumbre».

Por contra, la portavoz española, María Jesús Montero, se ha basado en criterios científicos para adoptar la medida, solicitada por la comisión de expertos sanitarios, con el objetivo de reducir al máximo la movilidad, idea en la que ha incidido durante varias ocasiones durante su comparecencia.

También ha querido quitar hierro a las diferencias de criterio entre el gobierno central y algunos autonómicos, como el de la CAV, asegurando que las reuniones a través de videoconferencia tienen «mucho más de constructivas» de lo que luego se traslada a los medios de comunicación, «que parece que se utilizan como altavoces de las discrepancias».