Se trata de una medida derivada de la exigencia de garantizar la salud de los aspirantes, 5.700 personas, y todos los participantes en el proceso, según ha anunciado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, quien ha destacado que además esa es la única forma de garantizar la igualdad de oportunidades en una OPE de «suma importancia», de 660 plazas.

De esas plazas, 434 son en castellano y 226 en euskara, para un total de 41 especialidades.

Las plazas van a ser las mismas porque el procedimiento de admisión ya está cerrado, ha explicado el consejero, quien ha apuntado que estas cuestiones ya estaban avanzadas y se estaba a punto de publicar las listas de admitidos, por lo tanto el procedimiento de admisión a diferencia de otras comunidades estaba cerrado.

La decisión ha sido consensuada con los agentes educativos, sindicatos de la mesa de Educación y grupos parlamentarios, según Gimeno, quien ha apuntado que esta decisión es compartida por diferentes comunidades autonómicas como La Rioja, Aragón o Castilla y León, no así la CAV, que ha manifestado su intención de realizarla en 2020.

Gimeno ha comenzado asegurando que el Gobierno «ha trabajado mucho por la estabilización del empleo» y que todo estaba dispuesto para esta convocatoria, cuyos exámenes estaban previstos en junio y que contaba con el presupuesto «adecuado» de más de 2,6 millones de euros.

«Por desgracia –ha continuado– la pandemia mundial del coronavirus ha trastocado de forma drástica tales planes» y por eso se han visto obligados, «por la exigencia de garantizar la salud y la vida de las personas», a aplazar la convocatoria.

Se trata, ha señalado, de una medida «prudente y responsable, por cuanto no sabemos cuánto durará» y porque es muy probable que el levantamiento de las restricciones impuestas por el estado de alarma sea «muy gradual y no permita la congregación de muchas personas en recintos cerrados y de forma simultánea».

A día de hoy, ha subrayado, «la única certeza es que solo retrasándola se garantiza la igualdad de oportunidades de todos los aspirantes», sin perjudicar a los opositores que ahora deben atender a sus familias, seguir impartiendo docencia no presencial mediante teletrabajo y además se ven obligados a estudiar en circunstancias adversas con academias cerradas e incluso en algunos casos enfermos.

En ese contexto, si se realizaran en la fecha prevista esas personas se encontrarían en «clara inferioridad de condiciones», según Gimeno, quien ha aseverado que «no se da la igualdad de oportunidades».

Tras remarcar que la decisión ha sido adoptada tras un largo proceso de «reflexión y consenso», de «forma colegiada», ha incidido en que con ella se persigue generar el «menor daño posible» y pese a los inconvenientes que genera es la «única decisión garantista en las actuales circunstancias».

Finalmente ha apuntado que la idea de Educación es «clara», en el sentido de posibilitar la alternancia, y así al trasladar estas convocatorias al 2021 se aplaza la del cuerpo de maestros a 2022, para lo que será precisa la reforma normativa correspondiente.