Turquía prepara una ley para reducir las condenas y liberar de las cárceles a unos 90.000 presos para limitar los contagios por el nuevo coronavirus, una medida que no incluye a periodistas y presos políticos encarcelados.

El islamista Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que gobierna el país desde 2002, ha entregado al Parlamento el proyecto de ley por el que se busca reducir el hacinamiento en las prisiones ante la pandemia del covid-19.

El sistema carcelario turco tiene capacidad para 200.000 convictos, pero lleva años sobrecargado, al acoger a 280.000 personas, aproximadamente la quinta parte de ellas acusados en prisión preventiva.

El hacinamiento aumentó tras las detenciones masivas que siguieron al intento de golpe de Estado de 2016 y a la persecución sistemática de organizaciones y representantes kurdos.

El covid-19, que ya se ha cobrado 214 muertes en Turquía y sigue en fase de propagación, ha acelerado los esfuerzos de reforma legal para acortar sentencias y liberar espacio, que lleva desde 2018 en la agenda de los partidos políticos.

«Unas 45.000 personas se beneficiarán de estas enmiendas, y el número subirá a 90.000 contando a quienes pasarán del régimen de prisión a arresto domiciliario durante la pandemia», ha explicado Cahit Özkan, diputado del AKP.

Excluidos

Özkan ha subrayado que la reforma jurídica propuesta para acortar el cumplimiento de las penas no incluye a personas condenadas por delitos sexuales, violencia contra la mujer, crímenes relacionados con las drogas, asesinatos o terrorismo.

El principal partido de la oposición, el socialdemócrata kemalista CHP, está a favor de una reforma para aligerar el sistema de prisiones, pero denuncia que la propuesta no permita liberar a periodistas o políticos encarcelados bajo acusaciones de «terrorismo», según indica el diputado de la formación Seyit Torun.

Desde hace días, varias organizaciones civiles promueven una campaña para que la amnistía parcial se extienda a las decenas de reporteros, activistas o políticos que están siendo juzgados bajo la acusación genérica de «terrorismo», sin relación con delitos violentos.

Coalcaldesa del HDP, en arresto domiciliario con covid-19

Inicialmente, la propuesta legal solo se aplica a personas ya sentenciadas, si bien también prevé liberar a acusados en prisión preventiva si son enfermos, mujeres embarazadas o personas que no pueden mantenerse solas en prisión, ha detallado a Efe el exfiscal Ilhan Cihaner, miembro del CHP.

Este mismo miércoles, un tribunal de Diyarbakir ha decretado arresto domiciliario para una acusada que llevaba desde noviembre en prisión preventiva y que ha dado ahora positivo en una prueba de coronavirus. Se trata de Nalan Özaydin, coalcaldesa del partido izquierdista y prokurdo HDP, acusada, como muchos políticos de su formación, de ser «miembro de una organización terrorista», en referencia al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Según la agencia Firat News, Özaydin, que fue destituida de su puesto y encarcelada en la Prisión Cerrada de Mujeres Tipo T Tarsus, fue llevada al Hospital Público en Tarso, con síntomas de asma y de ataque de pánico hace 20 días. Luego fue puesta en una sala separada en la prisión de Tarso. Tras una apelación de sus abogados, fue transferida a la prisión cerrada tipo E de Mardin por sus problemas de salud.

En los últimos 15 años, la población carcelaria de Turquía se ha cuadruplicado, alcanzando unos 340 presos por cada 100.000 personas, más del triple de la media europea.