El tercer diálogo de la Fundación Pablo VI sobre «El mundo post covid-19» entre Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, y Joseba Segura, obispo auxiliar de Bilbo y economista, ha abordado este martes un debate sobre «¿Un nuevo orden económico?». De modo telemático, han analizado cuestiones como el futuro del trabajo, la situación de las empresas, como afrontar el horizonte económico y social que se abre tras la pandemia y, entre otras cuestiones, sobre el ingreso mínimo vital (IMV), moderados por el periodista Mariano Gundal.

Al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se le podría aplicar ese dicho de «A Dios rogando, y con el mazo dando», más en esta jornada. O ese otro de «ponerse la venda antes de la herida».

Antes de echar a andar el IMV aprobado la pasada semana por el Gobierno estatal, ya ha pedido ser «muy duros» ante los posibles «abusos» que se puedan cometer en las solicitudes. Garamendi ha dicho que no se han «negado» a esa medida, pero que la gran patronal considera que debería haber sido «coyuntural», hasta el mes de diciembre, y «no estructural».

«Es fundamental trabajar en todo lo que pudiera ser saltarse la norma, en los planteamientos de abuso de la medida, ahí hay que ser muy duros, porque ayudaría más a la economía sumergida que es un gran problema en España. Pero la CEOE no solo no lo ha negado (el ingreso mínimo vital), sino que nos parece lo correcto», ha precisado Garamendi en este debate virtual con el obispo auxiliar de Bilbo y economista, Joseba Segura.

En la CAV algunos políticos de derechas y también empresarios siempre tratan de desacreditar esas ayudas sociales a las personas más débiles promulgando de la existencia de una enorme bolsa de fraude entre los solicitantes. Otro tanto está haciendo Vox en el ámbito estatal. Sin embargo, se ha demostrado que esos argumentos no son la realidad.

En el ámbito de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se estima que el fraude alcanzaría al 1%, y nada que ver con el fraude fiscal (18%) de quienes más rentas poseen, algo que no parece figurar entre las preocupaciones de Garamendi.

Asimismo, considera que el ingreso mínimo vital debe ir «orientado hacia la empleabilidad». «No solo dar peces, sino dar la caña para que puedan pescar», ha ejemplificado el presidente de la CEOE.

Pocas cañas reparten los empresarios, cuando el 30% de las personas en pobreza severa en el Estado español son trabajadores que con sus salarios no pueden vivir y necesitan optar a las ayudas sociales, según se acaba de reflejar en la Comisión de Reconstrucción del Congreso.

Garamendi ha insistido en que «en ningún caso» se han planteado «decir que no» a esta prestación porque «hay que ayudar a los más vulnerables» y ha recordado las «colas de gente» a las puertas de ONG como Cáritas.

Segura: La RGI «no desincentiva»

Por su parte, el obispo auxiliar de Bilbo ha puesto el ejemplo de la Renta de Garantía de Ingresos que ya existe en el CAV «desde hace 30 años» y que, según ha dicho, «no desincentiva» el acceso al mercado de trabajo, porque «una cuarta parte de los que la reciben son pensionistas, cuyas pensiones no les llegan para vivir con dignidad». Además, ha añadido que otro 20% son trabajadores con empleos muy precarios.

«El ingreso mínimo no perturba el mercado de trabajo, más bien llega a gente que está ya fuera del mercado de trabajo y que están en pobreza severa», ha precisado Segura.