El vicepresidente segundo del Gobierno español, Pablo Iglesias, ha anunciado esta tarde que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la nueva Ley estatal de Infancia, que luego deberá ser tramitada en las Cortes Generales, y con la que se espera marcar un antes y un después en la protección a niños y adolescentes en relación a los delitos de abuso y la forma en que las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial los aborda, entre otros hitos.

Se trata del proyecto estrella del líder de Unidas Podemos, ya que, como encargado de la vicepresidencia de Derechos Sociales, será su primera ley. De hecho, en febrero y en medio del escándalo por los abusos sexuales a menores tuteladas en Mallorca, Iglesias había anunciado en el Senado que se estaba confeccionando la Ley estatal de Infancia, en una respuesta a las críticas vertidas por el PP y Vox cuando pedían dimisiones en el Govern balear –cuyo Ejecutivo está compuesto por el PSOE, Podem y los soberanistas de Més– al conocerse la noticia de los abusos.

«Era nuestra primera gran ley de la legislatura porque venía siendo demandada hace tiempo y por eso se anunció en el Senado ante una pregunta parlamentaria. Pero finalmente por el coronavirus se tuvo que aparcar y se acabó adelantando otro asunto prioritario que fue el Ingreso Mínimo Vital», han explicado a NAIZ fuentes de la vicepresidencia al referirse a por qué la ley finalmente acabará teniendo tratamiento cinco meses después.

Según ha dicho Iglesias ante la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, sus equipos están dando los últimos detalles para que «la ley vea la luz este mismo martes». En su preparación está abocado especialmente el secretario de Estado y jefe del equipo económico de Podemos, Nacho Álvarez. «La aprobación va a ser un paso histórico para que las generaciones futuras de niños, niñas y adolescentes puedan crecer libres de violencia. Es una ley que a mí me llena de orgullo poder impulsar», ha enfatizado el vicepresidente.

Un cambio integral
Según el líder de Podemos, con esta normativa el Estado español «adopta los estándares internacionales más exigentes en lo que toca a la protección de la infancia, a la que obliga la Convención sobre los Derechos del Niño, el Tratado de Lisboa y la propia Constitución (en el artículo 39), así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030».

¿Pero qué modificación sustancial impulsará? Uno de los hitos de la nueva regulación será que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años. Además, se va a establecer el deber para todos los ciudadanos de denunciar de forma inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes.

Este deber de comunicación se configura de una forma más exigente para aquellos colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad. Las administraciones deberán establecer mecanismos adecuados de comunicación, accesibles y seguros, y se fomentará el debate sobre situaciones de violencia cometida por otros menores.

También se va a crear una nueva figura, la del «coordinador de bienestar y protección», que estará presente en todos los centros educativos; y se van a establecer protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia.

Dentro de los borradores de Vicepresidencia también figura un inciso en el que se establece la constitución de unidades especializadas en las FSE, a la vez que la obligatoriedad de brindar formación especializada a jueces y fiscales que traten casos de infancia.

En lo que atañe a la Justicia, se pautará como obligatoria la práctica de la prueba preconstituida por el órgano instructor cuando la víctima sea una persona menor de 14 años o con discapacidad necesitada de especial protección, a fin de evitar que tenga que declarar reiteradamente a lo largo del proceso penal sobre los hechos padecidos investigados.

Si el Congreso aprueba la normativa, será reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los menores y de las personas con discapacidad, con independencia de la situación económica personal y familiar de la presunta víctima, además de crearse nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de abusos hechos a través de medios tecnológicos y de comunicación.

Está previsto que se conforme por primera vez un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia y que se fijen protocolos de prevención obligatorios en todos los centros de menores, con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual de personas menores de edad.

También se prohibirá la publicidad que por sus características pueda provocar en menores la adopción de conductas violentas sobre sí mismos o sobre terceros, así como la que integre una serie de estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico.

«Es una ley que está diseñada para implicar al conjunto de la sociedad en la respuesta frente a la violencia contra la infancia, tratando de revertir la invisibilización de este tipo de situaciones», ha recalcado Iglesias sobre el que será su proyecto insignia.