Familiares de presas y presos políticos vascos están preocupados por las restricciones que se han aplicado en las cárceles a raíz de los recientes rebrotes de covid-19. Desde la asociación que los agrupa citan la supresión de comunicaciones vis a vis, o en su defecto, el confinamiento estricto de aquellos prisioneros que hayan tenido contacto con allegados.

«El confinamiento, en absoluto comparable con el confinamiento en el exterior, puede llevar a la supresión de otras comunicaciones como visitas o llamadas, y someten a las personas encarceladas a riguroso aislamiento y exclusión», advierten desde Etxerat.

Estas medidas, añaden, afectan «directa, negativa y gravemente» a las relaciones familiares, porque las comunicaciones, sumamente limitadas desde el inicio de la pandemia, no han llegado regularizarse cuando ya se imponen nuevas restricciones.

Cada vez más

Etxerat menciona los casos, hasta el momento, de las prisiones de Jaén, Curtis, A Lama y Brieva. Incide en el temor de familiares y allegados a que esta situación vaya a generalizarse en las próximas semanas por los anunciados rebrotes de la pandemia en otoño.

«La desinformación, la inseguridad, el peso de medio año de inseguridad y limitadas comunicaciones, el temor a largos meses sin visitas, y la angustia que imprimen la distancia y el alejamiento, han aumentado el castigo añadido y el sufrimiento de las familias de presas y presos políticos vascos», exponen.

«Mientras a la población en general y desde todos los estamentos se nos exige responsabilidad ante la pandemia, las autoridades penitenciarias –lamentan– han evitado asumir la que tienen con las personas encarceladas, actuando únicamente en detrimento de sus derechos y los de sus familiares». Por ello, demandan que presas y presos sean trasladados a las cárceles de sus lugares de origen o de aquellos con los que tengan vinculación.

Etxerat considera que se debe priorizar sobre cualquier otra circunstancia el derecho a la salud y a la vida de aquellas personas encarceladas que, por edad o enfermedad, responden a los grupos de mayor riesgo ante el covid-19: excarcelación inmediata de los presos gravemente enfermos y de los mayores de 65 años.

Subrayan que estas medidas son las que organismos internacionales recomendaron que se adoptaran con urgencia al inicio de la pandemia. Desde entonces más de 70 organismos del ámbito de prisiones y derechos humanos del Estado español, entre ellos Etxerat, siguen trabajando ininterrumpidamente por su aplicación.