La Liga ACB mueve ficha para impedir que Gipuzkoa Basket dispute la temporada 2020/21. Como informa el portal Palco23, «la Asociación de Clubes de Baloncesto tenía 20 días para presentar un recurso de oposición» contra la inscripción cautelar del club guipuzcoano dictada por un juzgado de Barcelona. La competición defiende que es el Consejo Superior de Deportes (CSD) y no un juzgado, quien tiene competencias para adoptar esa decisión.

Las negociaciones con el CSD y la Federación Española de Baloncesto (FEB), sin embargo, finalizaron sin acuerdo hace dos semanas. El organismo presidido por Irene Lozano nunca dejó clara cuál era su postura al respecto de los ascensos, pese a que una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2020 a raíz del caso Club Baloncesto Ourense dejaba claro que era el Gobierno español quien tenía las competencias para imponer la decisión sobre los ascensos.

Tras el enroque de todas las partes, Gipuzkoa Basket acudió a los tribunales y recibió luz verde para su inscripción cautelar en la Liga ACB en menos de 24 horas. Días más tarde, la propia ACB confirmó su plaza y el miércoles Gipuzkoa Basket presentó a su plantilla para disputar la temporada 2020/21.

Pero incluso después de cerrar la plantilla, el gerente de Gipuzkoa Basket, Germán Cea, ya lanzaba sus sospechas sobre la actitud de la Liga ACB. «Estamos en la ACB debido a un auto que no cuenta con la opinión de la competición. Es de prever que, llegado el momento, la Liga emita ante el juez su oposición y será el juez quien decida ratificar o modificar su posición respecto a inscribir a Gipuzkoa Basket en la Liga ACB», advertía Cea.

Un recurso sin anuncio

Ahora bien, pese a que el tribunal impedía el recurso de la ACB, la Liga aún tenía la carta de presentar un recurso por oposición al auto, aunque ha decidido no emitir ningún comunicado para detallar el tipo de medidas que se solicitarán para anularlo.

En esta oposición la Liga puede solicitar que se anule la cautelar, con una posible condena a Gipuzkoa Basket por daños, o que se modifique la garantía que el club donostiarra tiene que prestar para su inscripción, que actualmente está fijada en 3.000 euros, cuando según la legislación actual debería cubrir los posibles daños a la ACB en caso de ser denegada la inscripción por vía judicial, que sería superior a dicha cuantía.

En un tercer supuesto, la ACB también podría solicitar que se cambie la cautelar por un posible aval de daños en caso de que Gipuzkoa Basket perdiera el pleito. En caso de que la entidad donostiarra no pudiera cubrir el aval, se anularía la inscripción cautelar y perdería su plaza en la Liga ACB mientras se espera al juicio. Finalmente, cabe el recurso de que la ACB pida una caución sustitutoria, que alargaría aún más el proceso, como sucedió con Ourense.