El sindicato LAB ha incidido en que las cocinas y los comedores escolares «deben estar abiertos y en funcionamiento», y ha aseverado que «para eso es necesario una contratación que se adecúe a las necesidades específicas de cada centro y que no implique más precariedad para un colectivo laboral en que, además, las mujeres son mayoría».

En un comunicado, LAB ha de denunciado que el Gobierno de Gasteiz ha dado inicio a este nuevo curso escolar con «recortes» en la contratación del personal de cocina y comedores escolares.

«Hemos sabido que el Departamento de Educación dirigido por Jokin Bildarratz ha realizado contratos de refuerzo de dos horas que se suman a los que se hacen todos los cursos por acumulación de tareas. Estas contrataciones, sin embargo, en vez de ser de 9 meses como es habitual, se limitan hasta el 24 de enero», ha apuntado.

Y ha advertido de que «tras esta decisión estaría la intención de no tener personal contratado en un escenario de cierre general de las escuelas; es decir, han primado intereses economicistas sobre una mejora de las condiciones laborales de un colectivo muy precarizado».

A su juicio, estas contrataciones de dos horas «no responden al análisis que debería hacerse de las necesidades escuela a escuela comedor a comedor, y puede ser insuficiente en muchos lugares».

«Sin previo acuerdo»

Asimismo, LAB ha criticado que se han publicado las medidas de prevención a aplicar «sin previo acuerdo con los sindicatos, y presentan dos escenarios posibles. En el primero, dicen que el servicio de comedor funcionará con normalidad, salvo en aquellos aspectos relacionados con las medidas básicas de prevención y seguridad establecidas en el Plan General de Contingencia. Por un lado, aumenta las funciones y la carga de trabajo del personal de cocina, ya que el departamento no tiene intención de invertir en más recursos humanos, y, por otro, no establece las medidas de seguridad a tener en cuenta tanto en los vestuarios como respecto a la ropa de trabajo».

«El segundo escenario limita el servicio de comedor al alumnado en situación de especial vulnerabilidad educativa o social, y regula que sea la dirección del centro quien decida en función de los criterios de necesidad del alumnado y sus familias. En la actualidad, éste es el escenario que quiere establecer el Departamento de Educación, donde se vulnera el derecho al comedor y se deja en manos de las
direcciones la garantía del servicio», ha añadido.

En opinión de LAB, «este segundo escenario sólo debería establecerse excepcionalmente en una situación de confinamiento derivada del empeoramiento de la situación epidemiológica. Es inaceptable que detrás de la implantación de este segundo escenario responda a la falta de planificación del Departamento de Educación y a su decisión de no ampliar los recursos».