Los grupos municipales de EH Bildu y Elkarrekin Donostia han denunciado los «cambios de calado» que PNV y PSE tienen previsto introducir en el Reglamento del Pleno del Ayuntamiento donostiarra en la próxima sesión plenaria.

Así lo han denunciado en rueda de prensa Reyes Carrere, portavoz municipal de EH Bildu, y Aitzole Araneta, portavoz de Elkarrekin Donostia. Ambos grupos han explicado que estos cambios «limitarán sustancialmente el número de mociones de control que puedan debatirse en los plenos, restringiendo el control al Gobierno local». Además, han señalado que «el Gobierno municipal tendrá siempre la última palabra en todos los debates, con la intención clara de convertir los plenos en sesiones de control a la labor de la oposición».

El Pleno tiene dos funciones principales: aprobar normativas y ordenanzas y ejercer control sobre la acción de Gobierno. «Cuando se limita esta función de control estamos ante un paso atrás de carácter claramente antidemocrático», han criticado las portavoces.

Sobre las afectaciones del nuevo reglamento, EH Bildu y Elkarrekin Donostia explican que esta medida «no es solo contra la oposición». «Los grupos municipales solemos traer al pleno denuncias de asociaciones vecinales, quejas de grupos culturales o propuestas de particulares», han declarado, mientras que «ahora, PNV y PSE quieren poner aún más obstáculos para evitar que la voz de la ciudadanía llegue al pleno».

En cuanto a la normativa del Ayuntamiento donostiarra, ambos partidos creen que «ya era especialmente retrógrada» y explican que en Donostia las comisiones son «cerradas», esto es, «no se permite tomar imágenes, ni audios, ni son públicas para la ciudadanía», mientras que en las otras capitales vascas «las comisiones son totalmente abiertas a los medios y se pueden ver por streaming».

Finalmente, califican el hecho de que la última palabra la tenga siempre el Gobierno municipal como «un claro síntoma de autoritarismo que, además, condiciona el fondo del debate, porque el interpelado se convierte en interpelante». «Es algo totalmente inadmisible en democracia», han sentenciado.