Una de las primeras presentaciones en la prensa de “Job Guarantee” (literalmente “Empleo garantizado”, aunque también hay quien lo traduce como “Empleo de transición”, un término más acorde con el espíritu de la propuesta) se incluyó en un artículo de la revista “Rolling Stone” sobre las cinco reformas económicas que los millennials deberían apoyar: el empleo garantizado, la renta básica universal, el impuesto sobre el valor de la tierra, los fondos soberanos y los bancos públicos. Cuando la encuesta de YouGov examinó la popularidad de cada propuesta, el empleo garantizado apareció como líder por un amplio margen. En segundo lugar quedó la renta básica universal, a pesar de que el autor la defendió como una política de universalización del popular programa de Seguridad Social. Aun así, la renta básica se situó doce puntos por detrás de “Job Guarantee”.

Visto desde aquí, el resultado sorprende un poco. En Europa se habla poco de empleo y, en cambio, se discute mucho sobre la renta básica universal. Tal vez sea por el hecho de que en EEUU carecen de un sistema de protección social que tenga un carácter más o menos universal, hasta el punto de que, por ejemplo, las ayudas por la covid-19 no se han distribuido utilizando una agencia gubernamental, sino que cada beneficiario ha recibido directamente un cheque firmado por el presidente. Posiblemente, esa falta de un sistema de protección social más o menos general haga que el planteamiento de una renta básica se vea como más utópico que un programa de empleo garantizado. Ya apuntó Marx que las condiciones de vida condicionan las creencias de las personas.

Una de las más destacadas defensoras del programa de empleo de transición es la economista norteamericana Pavlina R. Tcherneva, que define su propuesta no como algo dirigido a las personas desempleadas o a quienes se incorporan al mundo laboral, sino como un programa integral para todas aquellas personas en edad legal de trabajar que quieren un empleo con un salario y unas condiciones dignas.

Los mimbres del empleo de transición

A grandes rasgos, la propuesta plantea un programa permanente de ofertas de empleo en cada comunidad en función del número de personas desempleadas. Un plan de estas características debería ser financiado con fondos federales, para evitar la descapitalización de las entidades locales, pero gestionado a nivel local, que es donde se conocen las necesidades.

Los empleos que ofrecería el programa serían trabajos socialmente útiles relacionados con tres objetivos estratégicos: cuidado del medio ambiente, cuidado de la comunidad y cuidado de las personas. Esos empleos deberían ofrecer condiciones de trabajo dignas y ser remunerados con el salario mínimo, de modo que funcionarían como «estándar laboral mínimo» que permitiría a los desempleados descartar trabajos precarios.

El objetivo es lograr el pleno empleo y eliminar todo el desempleo involuntario. Tcherneva defiende que no existe justificación para la idea de una tasa natural de paro. A su juicio, es una falacia para justificar el desempleo como «mal necesario», que viene bien al sector privado para poder echar mano del «ejército de reserva» –en palabras de Marx– de desempleados cuando le conviene. Terminar con el paro reduciría drásticamente las dificultades personales y la carga social asociadas a la pérdida del empleo.

Para cumplir esos objetivos debería ser un programa permanente: los trabajadores podrán abandonarlo si les ofrecen un empleo mejor remunerado, y volver a él cuando ese empleo termine. De este modo, el programa no deja al sector privado sin trabajadores cuando el ciclo económico es expansivo. El empleo de transición se expande con las recesiones y se contrae con las expansiones; de esta forma, no permite que los individuos y la economía sufran las consecuencias del desempleo. Funciona como un mecanismo anticíclico, mucho más potente que los actuales mecanismos de control de la inflación y los tipos de interés. Además, estabiliza la economía al apoyar a las personas, las comunidades y las familias.

Algunas conclusiones

Tcherneva considera que el desempleo es un problema que, en primer lugar, ya está pagado. No hay más que sumar las ingentes cantidades de dinero que gastan los Estados en subsidios de desempleo y otros programas para personas en paro. También habría que contabilizar el resto de costes reales asociados a la falta de empleo en la salud y el bienestar. Un programa de garantía de empleo ahorraría todos esos fondos.

El desempleo es, por tanto, un problema económico creado por el modo en que se ha manejado la política monetaria, pero es también un problema moral, porque todos los gobiernos han optado por mantener a la gente en paro antes de correr el riesgo de que la inflación subiera. Si es un problema del Estado, eso quiere decir que es a causa de que el sector privado de la economía, ese que “es el único capaz de crear riqueza”, es en realidad incapaz de mantener el pleno empleo a largo plazo, es decir, de crear los suficientes puestos de trabajo para todas las personas que demandan uno.