El Gobierno escocés emitirá el «perdón» o indulto a los cerca de 500 mineros arrestados y condenados durante las huelgas mineras de la década de los 80. 35 años después, el Ejecutivo de Nicola Sturgeon ha dado un paso que va más allá del puro simbolismo.

La huelga minera en Reino Unido de 1984 a 1985 fue una huelga masiva que paralizó, en gran medida, la industria del carbón. Aquellas protestas y el resultado final supusieron un punto y aparte en las relaciones laborales de la isla. La derrota final de los huelguistas trajo consigo un debilitamiento significativo del movimiento sindical. Un golpe que se arrastra todavía hoy en día. Frente a la derrota de la clase trabajadora, la victoria de la entonces Primera Ministra del país y líder del Partido Conservador, Margaret Thatcher, ‘La dama de hierro’.

La huelga comenzó el 6 de marzo de 1984 y tuvo un seguimiento por toda la isla de aproximadamente el 73%, destacando zonas como el sur de Gales, que llegó a tener al 99% de sus mineros en huelga. Finalizó el 3 de marzo de 1985, cuando todavía se mantenían en huelga el 60% de los mineros.

La Unión Nacional de Trabajadores Mineros (NUM), quien encabezó aquellos meses de movilziación, fue creada en 1945, dos años antes de la masiva nacionalización de la industria del carbón. El fin de la huelga y la derrota minera permitió al Ejecutivo de Thatcher consolidar su programa conservador y neoliberal, que volvería a privatizar todo el sector en 1994. Un paso previo a la destrucción. En 1983, Gran Bretaña tenía 174 pozos de trabajo. Hoy, todos han echado el candado.

Restricciones de residencia y movimiento a los mineros

En Escocia se cifra en más de 13.000 los mineros que estuvieron en huelga, llegando a tener un seguimiento de más del 90% en sus inicios. Los números fueron cayendo. Cuando, en marzo de 1985, las protestas llegaron a su fin, el apoyo era de un 60%.

Durante la huelga fueron detenidas 11.291 personas y 8.392 acusadas de «quebrantamiento del orden público» u «obstrucción de la carretera». 1.400 de esas detenciones se produjeron en Escocia. En muchas antiguas zonas mineras, la antipatía hacia la Policía y el Gobierno británico siguió siendo fuerte durante muchos años y es que las consecuencias todavía se siguen pagando. Los formularios de fianza por delitos de piquetes llegaron a establecer restricciones sobre la residencia y el movimiento.

Esta animadversión tuvo su reflejo en los referéndums de independencia y Brexit. De hecho, las zonas mineras fueron de las pocas que optaron en Escocia por abandonar la Unión Europea, bajo el argumento de que salirse del paraguas del club europeo podría reactivar la zona.

Tras muchos años de reivindicaciones por parte de los huelguistas y sus familiares para que se volviesen a investigar las protestas y sus consecuencias judiciales, el Gobierno escocés estableció una revisión independiente de las condenas, y ahora el organismo ha presentado sus conclusiones. Indulto para los más de 500 condenados escoceses.

«Tremendamente excesivo»

El equipo encargado del informe apunta que «es poco probable» que la mayoría de las acciones de los mineros pudiesen acabar en los juzgados en 2020 y que los condenados habían sido castigados de una manera «tremendamente excesiva».

«El impacto de las condenas fue más allá de los hombres afectados, tocando a sus familias y comunidades, tanto en términos de las consecuencias económicas del despido y el desempleo, como de la confianza en la Policía, el poder judicial y el Estado», señala el informe.

«Siguieron despidos en muchos casos, con pensiones reducidas o perdidas y, posteriormente, el reempleo fue difícil o imposible de conseguir para muchos», añade el texto. «Esto agravó una sensación de arbitrariedad, incluso de injusticia», remarca.

Y el Gobierno escocés ha confirmado que aceptará la recomendación. El secretario de Justicia, Humza Yousaf, ha señalado que presentarán «una legislación que otorgue un perdón colectivo» a los mineros. Estará destinado «tanto a los que todavía viven como a los que ya murieron», ha añadido en la sesión de esta tarde en la Cámara de Holyrood.

«El indulto tiene como objetivo reconocer el impacto desproporcionado derivado de la persecución y condena de los mineros durante la huelga, como la pérdida de su trabajo. Y reconocer las circunstancias excepcionales que dieron lugar a que los mineros sufrieran penurias y perdieran su buen nombre por su participación en el paro», ha apuntado.

El equipo de revisión ha estado presidido por el jurista, experto en derechos humanos, John Scott QC e incluyó al expresidente de Yes Scotland, Dennis Canavan, así como al exjefe asistente Kate Thomson y Jim Murdoch, profesor de derecho público en la Universidad de Glasgow.