El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso del Banco Santander, CaixaBank y Bankia, que en abril de 2018 presentaron ante el Ejecutivo español una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que le instaron, sin éxito, a la devolución del dinero aportado para el cierre del almacén submarino de gas Castor, un fallido proyecto cuya paralización se acordó en 2014 tras los numerosos terremotos registrados en la zona en setiembre de 2013. 

En su sentencia, el alto tribunal estima parcialmente el recurso de los bancos, que en abril de 2018 presentaron ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que le instaron, sin éxito, a la devolución del dinero aportado.

Las entidades formularon dicha reclamación después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto-ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas, en su calidad de concesionaria inicial de las instalaciones.

Los bancos alegaron que tal decisión no debía ocasionar ninguna pérdida a quien había financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de «interés general». Si no fuese así, argumentaban, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades bancarias.

Sin embargo, el Consejo de Ministros desestimó, mediante silencio, la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que Banco Santander, CaixaBank y Bankia recurrieron ante el Supremo, que ha dictaminado a su favor. La sentencia establece que los 1.350 millones de euros se repartirán de la siguiente forma: el 50,9% para el Banco Santander; el 34% para CaixaBank, y el 15% para Bankia.

Un proyecto lleno de irregularidades

La decisión de paralizar el almacén Castor –situado a 22 kilómetros de la costa, entre Alcanar y Vinaròs, el primer pueblo del País Valencià– se adoptó en 2014, después de los seísmos registrados en la zona en setiembre de 2013.

En 2017, el Gobierno, entonces del PP, decidió no reabrir las instalaciones ante el riesgo de nuevos terremotos tras recibir un informe encargado al MIT y a la Universidad de Harvard. El proyecto, con numerosas irregularidades, tuvo una fuerte contestación social.