Aunque pequeño, todavía hay margen para la ambigüedad en Catalunya, donde el president, Carles Puigdemont, evitó ayer aclarar si acatará la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la Conselleria de Exteriores, encabezada por Raül Romeva. Una decisión que llegó por sorpresa la noche del martes, ya que el Tribunal, al que Puigdemont agradeció su aportación al proceso independentista, ni siquiera tenía en el orden del día abordar el recurso presentado hace un mes por el Gobierno del PP en funciones.

«No me ha respondido, por ignorancia o por cobardía. Le he preguntado de una manera muy concreta si usted y su gobierno piensan acatar una suspensión que garantiza la democracia en Catalunya», disparó el líder del PP en Catalunya, Xavier Garcia Albiol. «No tenga ninguna duda de que el Govern continuará haciendo acción exterior y de que el conseller Romeva continuará siendo conseller», respondió Puigdemont en el pleno del Parlament, que ayer arrancó con un minuto de silencio y una rosa blanca en el escaño ocupado hasta este fin de semana por Muriel Casals (hoy tanto el Parlament como Òmnium Cultural le rendirán sendos homenajes).

La aparentemente contundente respuesta del president, sin embargo, no aclaró cuál será la línea de actuación del Govern, que ayer aseguró no haber recibido todavía notificación oficial de la suspensión cautelar (la decisión final del TC debería llegar en los próximos seis meses). Las opciones, en realidad, vienen a ser dos. La primera pasa por seguir a rajatabla la Declaración de desconexión del Parlament e ignorar simple y llanamente al TC, manteniendo la conselleria tal y como está. La segunda, compatible también con las declaraciones de ayer de Puigdemont, pasan por tratar de esquivar al TC cambiando el nombre de la misma, pero manteniendo al frente a Romeva con las mismas funciones. Al fin y al cabo, las competencias del departamento de Romeva constan en el Estatut y ya se ejercían en anteriores legislaturas. Simplemente, el Ejecutivo de Puigdemont las elevó por primera vez al rango de conselleria.

Así las cosas, el Govern deberá decidir más pronto que tarde si avanza hacia el mil veces anunciado choque de trenes o trata, al menos de momento, de posponerlo. De momento, ayer la CUP instó a JxSí a desobedecer la suspensión, recordando que la Declaración de desconexión retiró al TC cualquier legitimidad sobre las decisiones catalanas. En la línea de Puigdemont, representantes de CDC y de ERC defendieron ayer seguir ejerciendo la acción exterior de la Generalitat, pero sin explicitar si eso pasa o no por desobedecer al Constitucional.

El giro del PSOE

Ayer el PSOE se alineó al lado del PP a través de su portavoz en el Senado, Óscar López, que aseguró que la Conselleria de Exteriores «está fuera de la legalidad». Los socialistas rechazaron así retirar el recurso del PP en caso de llegar a la Moncloa, algo que supone un giro de 180 grados respecto a la política del Gobierno de Zapatero al respecto, como se encargó de recordar ayer el exvicepresidente del Govern Josep-Lluís Carod Rovira. El exdirigente de ERC dio a conocer que el entonces Gobierno socialista le entregó un pasaporte diplomático (firmado por Juan Carlos de Borbón) para representar al Govern en el exterior.

El Constitucional señala a Forcadell

En el pleno del martes, el Tribunal Constitucional no solo decidió admitir a trámite el recurso del Gobierno en funciones del PP contra la Conselleria de Exteriores. También decidió iniciar los trámites contra la comisión de estudio del proceso constituyente, creada con los votos a favor de Junts pel Sí, CUP y Catalunya Sí que es Pot, y que debía ser presidida por la fallecida Muriel Casals.

El Tribunal dio diez días a la Fiscalía y al Parlament para que se pronuncien sobre el «incidente de ejecución» presentado por la Moncloa, que considera que la creación de dicha comisión responde al despliegue de la Declaración de desconexión, suspendida por el propio TC. Una acción de la que responsabilizan legalmente a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. La denuncia del Gobierno español supone la puesta en práctica de la polémica reforma de la Ley del TC, que el PP aprobó en solitario y que permite al tribunal inhabilitar a quien no acate sus decisiones.B.Z.