La causa civil que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbo por la quiebra de la promotora de la fallida planta de purines de Karrantza ha sustentado la teoría de que lo único que tenían claro personajes como Martín Ascacibar, exdirector de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Departamento de Agricultura, o otros vinculados a la firma tecnológica Ade Biotec, era la obtención de ayudas públicas con la excusa de resolver el grave problema medioambiental que genera la cabaña ganadera del valle más occidental de Bizkaia.

«Todos queríamos salvar el barco, pero lo de la planta de purines era un desastre, un barco a la deriva», declaró el jueves en la vista oral el viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias del Gobierno de Patxi López, Jon Azkue, que se encontró con «apenas documentación» y con nuevas ayudas nominativas del Gabinete saliente por 2,3 millones de euros. El Ejecutivo Urkullu y la Diputación vizcaina no se han esforzado en el esclarecimiento de los hechos y su personamiento tanto en el concurso como en la causa penal que se instruye en un juzgado de Balmaseda es testimonial, a pesar de que aportaron 6 de los 10 millones de euros que se gastaron en construir un 18% de la instalación en el barrio de Las Torcachas.

Karrantzako Minda (KM) entró en concurso en julio de 2011 con un pasivo de 3,7 millones de euros, según el auditor de cuentas Luis Alberto Moreno, que Laboral Kutxa presentó el viernes como testigo en la vista. Este perito dijo que la insolvencia de KM «se empieza a constatar en diciembre de 2010», una apreciación muy benévola si se tiene en cuenta que las obras se paralizaron tres meses antes, a raíz de que responsables de Lakua dijesen que no iban a liberar más fondos de los concedidos «si no estaban plenamente justificados».

Al paralizar los trabajos el 30 de setiembre de 2010, KM argumentó que no había fondos, aunque como probaron Ayuntamiento de Karrantza y Abogacía del Estado, no había dinero porque la promotora había pagado a Ade Biotec facturas por trabajos que no se ejecutaron y se le devolvieron avales. Conscientes de que debían reintegrar los créditos a las instituciones y abonar las licencias, se priorizó el pago a Ade Biotec y a Excavaciones Viuda de Sainz, vinculada a la primera a través de GMSM Medio Ambiente.

De nada sirvió la estrategia de los responsables de KM, liderados por Ascacibar, de que Ade Biotec presentase facturas a cuenta con las que la promotora justificase el dinero recibido de las administraciones y continuasen manteniendo vivo el proyecto. Al principio, gracias a esa maniobra de ingeniería contable, lograron capear la resolución de los primeros expedientes con el Gobierno español y Lakua en 2008 y 2009, aunque el castillo de naipes se derrumbó.

La gestión empresarial, en duda

Por lo escuchado a Alfredo González, representante legal de Ade Biotec, era cuestión de tiempo ya que, como reconoció el miércoles en su interrogatorio, «la eficacia empresarial no era la adecuada» y la viabilidad económica de la planta también estaba en cuestión, pues la inyección de dinero público era lo único tangible. González explicó a la jueza Olga Ahedo que, desechada para 2008 la construcción de otra instalación donde se iban a producir fertilizantes, se analizó superficialmente la venta de «subproductos» como el calor, la energía y la materia seca. Todo se fiaba al contrato de explotación, que no llegó a rubricarse.

El responsable de Ade Biotec desde 2008 negó colaboración con Ongakarrantza, la mercantil creada en febrero de 2006 para captar más subvenciones para la planta de fertilizantes que se llegó a proyectar en el barrio de Matienzo. No es cierto, según desveló al arquitecto Jesús Gonzalo Aristondo, ya que Mikel Aingeru Ibarrondo, que ocupó distintas responsabilidades en Ade Biotec, trabajó codo con codo en 2006 y 2007 con Ascacibar; el administrador único de KM, Ángel María Ruiz Quintano; y el ingeniero Felipe Mendibil para promover esa opción.

El testimonio de Ibarrondo, que declarará hoy como testigo en la vista oral, puede venir acompañado de nuevas relevaciones. Fue presidente del Consejo de Administración de Ade Biotec hasta la ampliación de capital, cuando las constructoras tomaron el control del accionariado de la firma que estuvo desde 2003 detrás del proyecto de Karrantza.

La maraña de mercantiles que orbitan alrededor de la planta de purines es importante, consciente de que el apoyo institucional al proyecto estaba personalizado en la figur a de Martín Ascacibar, con responsabilidades en institutos tecnológicos como Neiker o Inasmet, pero también en Ade Biotec por la participación minoritaria del fondo de capital riesgo del Gobierno autonómico Ezten. De capital importancia fue el informe de fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), que detectó «numerosas irregularidades» y ausencia de control de las administraciones a pesar de los 13,5 millones de euros concedidos.

En su informe, el propio TVCP detalla gastos e inversiones efectuados por Karrantzako Minda que tienen relación con Ade Biotec o mercantiles vinculadas a ella, que ascendieron a 8.323.000 euros. La firma tecnóloga, por ejemplo, obtuvo 5.511.000 euros, además de otros 345.000 por estudios, y Excavaciones Viuda de Sainz por la urbanización de Las Torcachas otros 1.912.000. El estudio de arquitectura Deurbe se embolsó 265.000 euros y la promotora Enerminde, a través de la cooperativa de ganaderos Guvac, consiguió 165.000 y otros 125.000 fueron para el bufete de abogados Garayar.