Antoine POLLEZ (AFP)
TRAS EL ESCÁNDALO DE LOS «PAPELES DEL PARAÍSO»

EN JERSEY, NADA PERTURBA LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS

LEJOS DEL TUMULTO, APENAS UNAS RÁFAGAS DE VIENTO. ANTE LA COSTA FRANCESA, LA PEQUEñA ISLA ANGLO-NORMANDA DE JERSEY PARECE HALLARSE A BUEN RESGUARDO DE LA TEMPESTAD PROVOCADA POR LAS REVELACIONES DE LOS «PAPELES DEL PARAÍSO», EN LOS QUE OCUPA UN LUGAR DESTACADO.

Saint-Hélier, la capital de la isla, ofrece la imagen de una villa tranquila más que la de un centro financiero internacional. Aquí no hay grandes edificios de cristal. Abundan más los inmuebles de tres o cuatro plantas con fachadas pintadas de blanco. Con el puerto deportivo, las boutiques de moda y el mercado de pescado, la villa ofrece todas las condiciones de una ciudad balneario, incluida la llovizna.

Sin embargo, es sobre estas tierras, todavía dedicadas mayormente a la agricultura, sobre las que han venido a implantarse numerosas instituciones financieras internacionales: BNP Paribas, Crédit Suisse, JP Morgan, Deutsche Bank, Bank of India, Royale Bank of Canada...

Estas entidades trabajan junto a bufetes de abogados especializados en finanzas offshore, incluido Appleby, que ocupa un edificio con grandes ventanales ubicado en una avenida a pocos metros del paseo marítimo.

Appleby está en el centro del escándalo de los “papeles del paraíso (Paradise Papers)”, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Según este informe, fue ese despacho el que aconsejó a la estadounidense Apple que viniera a instalarse en Jersey, donde la tasa del Impuesto de Sociedades es del 0%, después de haberse aprovechado durante años de un régimen fiscal muy ventajoso en Irlanda.

«Nada malo»

Esas prácticas de optimización, probablemente, no se verán modificadas en este pequeño paraíso fiscal británico, aunque a algunos habitantes les preocupe que la reputación de su isla quede manchada por este caso.

«Lo que me inquieta es, sobre todo, la percepción que tendrán de Jersey gentes que viven a cientos de kilómetros», comenta a AFP Hugh Raymond, dirigente de la Policía Honoraria, heredada de los normandos, cargo para el que ha sido elegido por la comunidad. «Se nos presenta como si hubiéramos hecho algo malo. Pero no es así, os lo aseguro», subraya.

En efecto, la investigación del ICIJ no pretende revelar montajes jurídicos ilegales, sino, simplemente, exponer al público las estrategias puestas en marcha por ciertas multinacionales para eludir las normativas.

Respecto a la optimización fiscal, Raymond se muestra mucho menos locuaz. «Nuestra economía está basada en las finanzas y estamos en competencia (con otros países). Por eso, quizás podamos irritar a ciertas personas», asume sin más.

«Te va a costar conseguir que la gente hable», nos previene antes de retirarse. Ciertamente, muchos habitantes se niegan a abordar el tema y quienes se atreven a decir algunas palabras lo hacen para recordar la legalidad de la optimización fiscal, evitando desvelar su identidad.

Incluso la corporación Apple opta por la discreción. Excepto por una tienda de venta de sus productos tecnológicos, el nombre de la marca no aparece en el registro de sociedades de Jersey. «No la encontraréis», nos avanza, bajo anonimato, una trabajadora de los servicios financieros. «Si han venido a Jersey, no es para que se les encuentre fácilmente», explica, antes de señalar que cree que Apple Sales International y Apple Operations Europe, las dos entidades del grupo americano que abandonaron su residencia fiscal irlandesa en 2014, se han registrado aquí con nuevos nombres.

El Gobierno de la isla, por su parte, ha adoptado una actitud de compromiso, anunciando que sancionará a las empresas que no se sometan a un código de buena conducta, pero este puede ser definido por ellas mismas. El martes, los dirigentes de la UE se comprometieron a publicar en diciembre una lista negra de paraísos fiscales, cuestión que se sigue muy de cerca aquí. En su informe anual de 2016, la asociación Jersey Finance señalaba que, como «importante centro financiero», la isla «se prepara» para «estar a la altura de este desafío».

Sin embargo, queda la incertidumbre sobre su capacidad para cumplir con uno de los tres criterios establecidos por la UE: la necesidad de introducir una «fiscalidad justa», sin arreglos para facilitar la instalación de «estructuras offshore que atraigan beneficios que no reflejan la actividad económica real».