«Error» o «rocambolesco» son palabras que se repiten al hablar de la situación vivida por tres marinos de la Autoridad Portuaria de Bilbo, que ejercen su actividad a bordo de embarcaciones en labores de tráfico interior, a los que el Instituto Social de la Marina (ISM) procedió de oficio a retirar su condición de trabajadores del mar. Los afectados presentaron un recurso de alzada, que ha sido estimado, contra una decisión que mantenía en alerta al sector.

Alegaron que hay sentencias firmes que reconocen a este personal su condición de trabajador del mar, por lo que deben estar dados de alta en el régimen especial de la Seguridad Social que ya existe. El propio procedimiento de oficio sorprendió, ya que se obviaron las resoluciones judiciales y los argumentos expuestos por la Autoridad Portuaria de Bilbo.

Desde la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (Anviped), su vocal Arturo Salas califica de «abuso» lo sucedido y acusa a «altos directivos» del ISM de ser los responsables. Aunque en un principio a los afectados se les respondió verbalmente «que se trataba de un error», la lectura de la resolución de seis páginas que da marcha atrás lo cuestiona.

Tras la exposición de hechos, en los fundamentos de derecho se reconoce que las alegaciones son ciertas pero se incide en el criterio del ISM que no prosperó en los tribunales, que a la hora de inscribirse en uno u otro régimen de la Seguridad Social prima el carácter de la empresa sobre los servicios que se prestan. Al final, acaba aceptando que «si las funciones realizadas por los trabajadores están incluidas en el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar procede el encuadramiento en dicho Régimen». No obstante, de manera sorpresiva, pide a la autoridad portuaria que le certifique la condición de marinos de sus trabajadores; algo de lo que tiene constancia y está probado desde el inicio del procedimiento de oficio, pues se constató tras una sentencia judicial.

«Este escrito fue presentado un mes antes de certificar la expulsión y a sabiendas de la injusticia que estaban cometiendo, les expulsa del Régimen Especial del Mar, lo que se podría contemplar como un delito grave de prevaricación, aunque ahora hayan rectificado», apunta Salas, en referencia a uno de los recursos. «Lo que quieren utilizar como excusa se contradice con los hechos probados», añade el integrante de Anviped.

Salas no se olvida de la lucha que mantienen en distintos frentes para que se reconozca la validez de la libreta marítima, pelea en la que esa asociación y la de Ingenieros Marinos y Maquinistas Navales de Bizkaia continúan. Su objetivo es que se les tengan en cuenta los derechos acumulados durante años a la hora de jubilarse.