Mientras la atención mediática se fijaba en inversiones o los vaivenes de las enmiendas del PP, los Presupuestos Generales del Estado siguen el camino de su aprobación con un artículo que obliga a que cualquier contratación de personal laboral por parte del Gobierno de Lakua exija la autorización previa del Ministerio de Hacienda. El lehendakari, Iñigo Urkullu, aseguró ante el Parlamento, el 13 de abril, que «supondría un retroceso gravísimo en la agilidad y en la capacidad de gestión del personal empleado público».

En ese mismo pleno, el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, añadió que se trata de una cuestión «gravísima». Avisó de que «como se haga efectiva la amenaza de que toda contratación temporal en la Administración pública tenga que pasar por una autorización previa del Ministerio de Hacienda, es que estamos sometiendo a un relativismo que lo va hacer todo inocuo».

Josu Erkoreka llegó a decir que, si esta propuesta prospera, «el autogobierno [quedará] anulado mientras tanto».

Y la propuesta que temía Lakua ha prosperado. El artículo 19 de los PGE que ayer salieron del Senado recoge que «no se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables». Y especifica que «la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, en las condiciones establecidas en el apartado dos de este artículo requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública».

En el trámite del Senado el PNV consiguió que se anulara por defecto formal la enmienda que retiraba 5,5 millones a Cidetec, pero la Mesa dominada por el PP mantuvo la anulación de 3 millones para Bimep, que los jeltzales también recurrieron. El PP ha retirado también 26 millones de euros que iban a Lanbide a través de Hobetuz.