El Departamento de Justicia de EEUU y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) llegaron ayer a un acuerdo en los tribunales que corrige el plan elaborado por el Gobierno de Donald Trump para reunificar a las familias de migrantes que fueron separadas a su llegada a la frontera común con México.

Justicia y la ACLU disintieron sobre la necesidad de que los familiares que hayan sido deportados regresen a EEUU. Para el Departamento, es posible garantizar «un proceso eficiente» de reunificación familiar sin el regreso a territorio estadounidense de esos parientes, mientras que la asociación civil cree que las familias quedarán incompletas sin el retorno.

La ACLU consideró que este desencuentro no debe impedir «los esfuerzos de reunificación» familiar, por lo que accedió a dar su visto bueno al plan revisado, que se enmarca en la segunda fase de la actuación gubernamental para reunir con sus padres a los 2.551 menores migrantes que fueron separados en la frontera, una práctica a la que Trump tuvo que renunciar por mandato judicial.

Orden judicial

La separación de familias es parte de la política de «tolerancia cero» que el Gobierno de Trump comenzó a aplicar oficialmente en abril y que llevó a abrir un proceso penal a los adultos que llegaban irregularmente al país, lo que originó la separación de familias.

Un juez federal de San Diego (California), Dana Sabraw, ordenó a las autoridades que reunificaran a las familias divididas, lo que comenzó a hacerse el pasado mes de junio, y fijó diferentes plazos para ello, pero el Ejecutivo no cumplió con algunos y aún hay en albergues menores separados de sus padres, en algunos casos porque fueron deportados.

Según los datos facilitados por el Gobierno el 9 de agosto al juez de San Diego, 559 niños siguen bajo custodia de las autoridades federales, ya que no pueden volver con sus padres de manera «inmediata» porque los progenitores tienen antecedentes penales o ya han sido expulsados del país.

En respuesta a un mandato del juez federal Sabraw, la Administración Trump instituyó el pasado día 10 un grupo para coordinar la reunificación de las familias migrantes separadas.

Unos días antes, el juez había calificado de «inaceptable» que no se hubiera planteado un plan para enmendar la separación de familias, la cual, dijo, «es cien por cien responsabilidad del Gobierno».