Beñat ZALDUA
DONOSTIA
ANIVERSARIO DE LOS ATAQUES DE BARCELONA Y CAMBRILS

La Rambla un año después: el otoño que lo cambió todo empezó un 17A

Catalunya conmemora hoy el primer aniversario de los ataques en Barcelona y Cambrils, que provocaron 15 víctimas mortales, a las que se suman los ocho yihadistas muertos. La solvente respuesta institucional catalana, unida a una inicial ausencia del Estado español, inauguró la escalada de tensión entre Barcelona y Madrid.

Solo ha pasado un año. El 17 de agosto de 2017, a las 16.50, Younes Aboyaaqoub introdujo la furgoneta que conducía en medio de la Rambla de Barcelona e hizo eses durante medio kilómetro. Mató a trece personas e hirió a más de un centenar hasta que el vehículo se detuvo. Huyó del lugar y, dos horas y media después, se saltó un control de los Mossos en la avenida Diagonal. Encontraron el Ford Focus que conducía entonces tres kilómetros más adelante, en Sant Just Desvern, con su conductor original, el joven Pau Pérez, muerto en su interior.

Horas después, a medianoche, en Cambrils, un coche embistió a varios transeúntes –entre ellos una mujer que moriría horas después– hasta topar con otro control de los Mossos, que tras hacer volcar al vehículo mataron a sus cinco ocupantes. Llevaban cinturones explosivos de mentira. El 21 de agosto, finalmente, los Mossos encontraron a Abouyaaqoub en Subirats, a 40 kilómetros de Barcelona. Lo mataron en un campo de viñedos. El saldo total: 15 personas muertas por los atacantes y seis yihadistas fallecidos a tiros de los Mossos, a los que cabe sumar los otros dos que perdieron la vida en la explosión del día anterior en Alcanar (Tarragona), donde el grupo preparaba explosivos para atentar contra objetivos más ambiciosos.

La expeditiva reacción de los Mossos –la muerte de Abouyaaqoub, de hecho, plantea varios interrogantes– y la rápida reacción política, con una rueda de prensa encabezada por el president, Carles Puigdemont, y la alcaldesa, Ada Colau, en la que no había ningún representante español, acabaron dando una imagen de solvencia de las instituciones catalanas que, en palabras del conseller de Interior, Joaquim Forn, «no gustaron en el Gobierno español».

A vueltas con la politización

El intenso otoño catalán que culminaría el 1-O empezó realmente el 17 de agosto. Fueron los días en que descubrimos al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y su «bueno, pues molt bé, pues adiós» a un periodista (holandés) que le exigía hablar en castellano. Catalunya se mostraba al mundo como un país capaz de gestionar de forma efectiva un Estado.

A tres de los protagonistas institucionales que han aparecido en el anterior párrafo, el último año les ha cambiado la vida completamente. De arriba abajo. Puigdemont está exiliado en Bélgica, Forn realizó esas declaraciones desde la cárcel de Lledoners y Trapero fue destituido con el artículo 155 y está también imputado por el 1-O.

Es lógico que las víctimas del 17A pidan unos actos despolitizados en los que prime el recuerdo a aquellos que perdieron la vida hace un año, pero en términos políticos e institucionales las llamadas a despolitizar el aniversario –con Felipe de Borbón presente y con el Govern que hizo frente a los ataques en la cárcel o en el exilio– son poco más que una boutade. Aunque en un inicio el anuncio de la presencia del monarca puso en guardia al independentismo, este ha optado finalmente por mantener un perfil bajo y realizar sus propios actos –mirar la noticia contigua– en vez de buscar la confrontación. Habrá que observar de cerca, sin embargo, la bienvenida que se le dé al Borbón, que ya fue fuertemente abucheado hace un año.

Investigación abierta

Junto al aniversario, el pasado 31 de julio la Audiencia Nacional levantó el secreto sobre parte del sumario –sigue habiendo dos personas en la cárcel a la espera de juicio–, lo que ha desembocado en dos semanas de portadas de periódicos sobre detalles de la investigación, algunos relevantes, otros para nada. En cualquier caso, era una mina en plena sequía informativa. La noticia que más ha llamado la atención, con razón, es el hecho de que agentes del CNI y de la Guardia Civil visitasen hasta en cuatro ocasiones a Abdelbaki es Satty, el imam de Ripoll, considerado cerebro de toda la operación, cuando se encontraba en la cárcel por una condena relacionada con el tráfico de drogas.

Una noticia que se suma a la declaración de la hermana de uno de los atacantes, que aseguró que Es Satty fomentaba un discurso extremista desde el púlpito de la mezquita de Ripoll, el pueblo de la mayoría de atacantes –el grupo, quitando al imam, tenía una media de edad de 20 años–. Todo un cóctel para la aparición de teorías conspirativas que tienden a colocar a los servicios de inteligencia españoles detrás de un complot para atentar en Barcelona y así perjudicar el referéndum que estaba convocado para mes y medio después. Hasta la asociación 11M, que de esto sabe un rato, ha salido esta semana a pedir que no se abra paso a teorías especulativas de este tipo.

La falta de explicaciones por parte del Estado español, en cualquier caso, deja de manifiesto varios errores fatales que es fácil compartir sin caer en teorías conspirativas. Aunque no se haya explicado, la relación entre CNI y Es Satty está ya más que demostrada, por lo que se puede afirmar que radicalizó y organizó al grupo de Ripoll ante los morros de los servicios de inteligencia españoles, sin que estos detectasen nada. Del mismo modo, la exclusión de los Mossos –a los que también pasó por alto la radicalización del imam– de la base de datos del Centro de Inteligencia sobre Terrorismo y Crimen Organizado –el veto se mantiene un año después– hizo que, cuando un policía belga preguntó a la policía catalana sobre Es Satty, los Mossos no encontrasen nada de lo que sospechar. De hecho, el episodio belga, donde prohibieron a Es Satty ejercer de imam, sirve de indicador para confirmar que algo falló en Ripoll.