Acoger es un verbo bonito que en Euskal Herria tiene una locución no menos emotiva: aterpe eman. Aunque el fenómeno de la inmigración es relativamente nuevo aquí en términos históricos, en general la ciudadanía vasca se ha mostrado acogedora hacia quien llega por motivos económicos o razones políticas, para quedarse o solo de paso. Simplemente es lo lógico en un pueblo al que hace siglos le ha tocado emigrar también por diversas cuestiones y que ha sido igualmente bien acogido ya fuera como pastor en California o Nevada, como niño de la guerra en Rusia o como exiliado político en Uruguay.

Ese hilo histórico no se ha roto aunque los tiempos actuales se caractericen, también aquí, por el avance de las dinámicas individualistas y las tendencias populistas. La vocación solidaria de acogida tiene continuidad hoy en Santutxu, Irun o el Antiguo de Donostia, cuyo caso refleja hoy GARA, en la asistencia a migrantes que pasan rumbo al norte de Europa casi siempre tras sobrevivir a una dantesca travesía por el norte de Africa y el Mediterráneo. Ya sean jóvenes de la guerra, exiliados políticos o simplemente aspirantes al empleo que les garantice la vida digna que no hallan en sus lugares de origen («a nadie gusta dejar su país, su casa», decía una de ellas en estas páginas hace poco), esas personas merecen ayuda y la están teniendo.

Ese impulso ciudadano, a su vez, va tirando de las instituciones, que hasta junio mantuvieron invisible su actuación con este flujo migratorio y después han dejado dudas de su implicación real, actuando la mayor parte de las veces a remolque. Ello ha acabado creando una duplicidad de redes de asistencia, la oficial y la ciudadana, que no tiene mucho sentido, ni en el aspecto práctico de la atención a los migrantes ni pensando en el futuro del país. Esas instituciones deberían tomar esa aportación social como lo que es, una riqueza vasca, ponerla en valor y ver cómo fortalecerla en un proceso de enriquecimiento mutuo.