Ion SALGADO
GASTEIZ
EL MAYOR JUICIO RECIENTE POR PRESUNTA CORRUPCIÓN, EN EL ALERO

Suspenden el juicio del «caso De Miguel» para negociar un posible acuerdo

Los imputados en el «caso De Miguel» debían empezar a declarar ayer ante el tribunal, pero al inicio de la sesión el fiscal Josu Izaguirre solicitó la suspensión del proceso durante quince días para poder llegar a un acuerdo con los 26 acusados, buena parte vinculados al PNV. Estos podrían reducir la prisión o evitarla a cambio de asumir su culpa, lo que supondría una aceptación del escándalo incómoda para el partido.

El juicio del «caso De Miguel», que arrancó el pasado 7 de enero en la Audiencia Provincial de Araba, se reanudará en dos semanas. Así lo acordó ayer el tribunal, presidido por el magistrado Jaime Tapia, tras escuchar a la Fiscalía, a las acusaciones civiles –ejercidas por el Gobierno de Gasteiz y por la Diputación foral de Araba– y a los abogados de los 26 imputados, buen parte de ellos vinculados al PNV.

En la sesión debía testificar el exdiputado foral Alfredo de Miguel, que se enfrenta a una petición de 54 años de prisión por 27 delitos diferentes, entre los que figuran asociación ilícita, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. Pero comenzó con la intervención del fiscal Josu Izaguirre, que pidió la suspensión para poder «seguir explorando una vía de posible acuerdo».

Según confirmó, está negociando con los abogados para cerrar un acuerdo de conformidad, objetivo difícil dada la «extrema complejidad» del caso. Pese a que la ley estipula un plazo de un mes para lograr un pacto entre las partes, Izaguirre consideró que quince días es «tiempo suficiente» para determinar si es posible acordar una condena con todos los acusados, con algunos o con ninguno.

La propuesta del fiscal fue avalada por los letrados defensores, que ahora deberán analizar con sus clientes la idoneidad de un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público. Ello supondría asumir su culpabilidad y reconocer su participación en una trama de corrupción que saltó a los medios en marzo de 2010, hace ocho años y medio, cuando la Ertzaintza detuvo a cargos destacados de la formación jeltzale.

Además de De Miguel, en el banquillo de los acusados se sientan el exburukide Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, que también formaba parte del Araba Buru Batzar cuando fue detenido. La Fiscalía solicita una pena de 32 años de prisión para cada uno de ambos por participar en una trama diseñada para cobrar comisiones ilegales a cambio de contratos públicos.

Además, entre los imputados figuran Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura en el Gobierno de Juan José Ibarretxe; el exdirector de Juventud del Ejecutivo autonómico Xabier Sánchez Robles; y el exdirector de la red de parques tecnológicos de la CAV Julián Sánchez Alegría, entre otros.

Reconocer la culpa

Desde que se destapó el caso, todos los imputados han defendido su inocencia y han recibido el apoyo de destacados dirigentes del PNV, como Joseba Egibar, que en enero mostró su apoyo a los acusados. «Veremos qué da de sí. Creo que las personas que conozco, hasta la información que yo manejo, son inocentes», añadió el presidente del Gipuzkoa Buru Batzar, que en abril de 2011 recibió con un afectuoso abrazo a Alfredo De Miguel en el Parlamento de Gasteiz.

De Miguel visitó la Cámara autonómica para comparecer en una comisión de investigación, ante la que se negó a declarar. Sí se pronunció ante los medios de comunicación, a los que leyó un texto en el que reiteraba su inocencia y cargaba contra Ainhoa Alberdi, la empresaria que destapó el caso.

El pasado mes de marzo Alberdi detalló ante el tribunal cómo De Miguel y Tellería le exigieron el pago de una comisión de 100.000 euros por la adjudicación de la ampliación del parque tecnológico de Miñao a Urbanorma, firma en la que traba- jaba y que tenía como principal accionista a Jon Iñaki Etxaburu, otro de los imputados.

«Había visto que esa petición de dinero se hacía con tanta facilidad y alegría que igual yo podría estar ahora ahí [entre los acusados] si alguien lo denunciaba. Lo hice para protegerme y para demostrar que no tenía intención de pagar», señaló antes de dar cuenta de las amenazas y represalias que padeció desde que presentó su denuncia en la Fiscalía de Araba, en el año 2009. Afirmó que a partir de ese momento sufrió un «veto» que le impidió acceder a nuevos contratos públicos, y que incluso tuvo la rescisión de algún contrato vigente sin recibir «explicación alguna».

La denuncia y la posterior investigación dieron pie a un extenso sumario dividido en 12 bloques. Así, desde el pasado enero en la Audiencia Provincial de Araba se analizan adjudicaciones en Miñao, la firma de contratos «a dedo» por parte de la Dirección de Juventud del Gobierno autonómico y de la Diputación, el cobro de comisiones del 4% en la adjudicación de contratos de instituciones locales de Araba, y supuestas irregularidades en la recalificación de 120 hectáreas en Zanbrana.

Podría ocurrir finalmente que ninguno de los imputados entre en prisión si alcanzan un acuerdo con la Fiscalía. Fuentes consultadas por GARA indicaron ayer que podrían darse una serie de atenuantes que permitan que el propio De Miguel, con una petición actual de 54 años, no sea encarcelado. En la filtración del viernes a ‘‘El Correo’’&flexSpace;se hablaba, por contra, de pactar penas máximas de diez años.

 

Esteban denota los nervios del PNV

El PNV contiene la respiración e intenta crear un cortafuegos ante un caso de corrupción que puede salpicarle como ningún otro antes si se confirma, dada la condición de exburukides de tres de los principales imputados y toda vez que según la Fiscalía la trama funcionó empleando para ello instituciones gobernadas por este partido. Del nerviosismo existente dio prueba ayer la carga del portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, contra Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, por haber afirmado que este asunto pudo tener un objetivo de lucro personal o para el partido.

Estaban consideró que una financiación ilegal del PNV ha sido descartada en el proceso de instrucción y que el partido obró como debía al solicitarles el carnet. «Lo siento mucho, a muchos les hubiera gustado que nos hubieran pillado en medio, pero no nos han pillado», afirmó. Y acto seguido cargó contra Otegi vinculándole directamente al «impuesto revolucionario» de la autodisuelta ETA: «Que hable ahora de corrupción cuando también ha estado alrededor de todo lo que suponía el ‘impuesto revolucionario’, pues muy bien», se quejó el diputado jelkide.

«Que hable, por ejemplo, de amenazas Arnaldo cuando ha estado al frente y como responsable de una organización que ha estado amedrentando a todo el país, y además de una manera en que las amenazas podrías pensar que muchas veces podían llegar a algo...», siguió Esteban. Reprochó al líder de EH Bildu que pretenda «mezclar todo» para decir que «todos somos iguales y ellos diferentes», y concluyó: «¿Diferentes? Madre mía, que acaban de llegar. ‘Los conversos a la democracia, a la cola’, como decía [Manuel de] Irujo».R.S.