La premier británica, Theresa May, arremetió ayer contra los líderes de la UE, a los que pidió respeto, tildando de «inaceptable» el rechazo a su propuesta para el Brexit y advirtiendo de que las negociaciones, que deben acabar en octubre, están «en un callejón sin salida».

May se llevó un rapapolvo de sus socios europeos en la cumbre informal de Salzburgo. Le dijeron que su plan para sacar a Reino Unido de la UE manteniendo una estrecha relación comercial pero sin hacer grandes concesiones no funcionará.

Un día después, atrapada entre la exigencia de mayores concesiones por parte de la UE y el rechazo de estas en el seno de su Partido Conservador, respondió en una declaración desde Downing Street. «En este estadio, no es aceptable rechazar las propuestas de la otra parte sin una explicación detallada y sin contrapropuestas», afirmó May. «Ahora necesitamos oír de la UE cuáles son los problemas reales y cuál es su alternativa para que podamos discutir. Hasta que lo hagamos, no podemos progresar, mientras tanto continuaremos preparándonos para un Brexit sin acuerdo», agregó.

El ministro para el Brexit, Dominic Raab, acusó a Bruselas de «echar el freno» a las negociaciones, pero se mostró dispuesto a seguir dialogando «de buena fe», rebajando así la tensión. También el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, cree que el acuerdo «aún es posible».

«Theresa May ha abordado toda la negociación de forma caótica y confusa», señaló el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan. «Tiene que cambiar el curso de la negociación antes de que sea demasiado tarde, cargarle el muerto a la UE para salvar su pellejo no funcionará», añadió. El líder de su partido, Jeremy Corbyn, coincidió en que la estrategia de May es un «desastre», y pidió a Bruselas y Londres que acaben con los «juegos políticos» porque «salir sin un acuerdo no es una opción».

El problema es que su proyecto actual, conocido como «plan de Chequers», ya enfrenta la dura oposición de buena parte de su formación, que lo cree demasiado conciliador con la UE. Y mayores concesiones tendrían todavía una menor aceptación en el congreso del partido que comienza dentro en una semana y en el que Boris Johnson, según rumores, podría disputarle el liderazgo. Así que cualquier concesión llegará una vez finalizado el congreso.

La prensa británica coincidió en que May, quien esperaba encontrar un cierto apoyo de los líderes europeos frente la creciente oposición interna en su propio partido, había sido «humillada» en Salzburgo, donde quedó también en suspenso la convocatoria de una cumbre especial para cerrar el acuerdo, afirmando que no tendrá lugar si no hay un progreso real en el Consejo Europeo del 18 y 19 de octubre en Bruselas.

El principal escollo en la negociación sigue siendo qué tipo de frontera instaurar en la isla de Irlanda cuando el Brexit se haga efectivo el 29 de marzo de 2019.

Países Bajos se pone las pilas y hace cálculos ante un Brexit duro

El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, advirtió ayer al Parlamento de que «todo se volverá muy complicado» si Reino Unido «no razona», y debatió nuevas cantidades de fondos para afrontar eventuales consecuencias de un Brexit duro, que podría costarle al

país más de 10.000 millones de euros.

Ante esa posibilidad, el Gobierno «ha reservado unos 92 millones de euros para dar más capacidad a las aduanas y a la autoridad para la seguridad alimentaria», anunció el ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, que insistió en que seguirá buscando «una buena relación comercial» con Reino Unido, de donde Países Bajos «obtiene cerca del 3% de su PIB», el equivalente a unos 22.700 millones de euros al año.

Incidió en que los empresarios hallarán otros mercados, pero hasta 2030 un Brexit duro podría costarle a Países Bajos entre el 1% y 2% de su PIB. Unas 218.000 personas trabajan para compañías holandesas que abastecen directamente el mercado británico, y se calcula que se perderán unos 20.000 empleos, especialmente en la industria alimentaria.

Una de las medidas que propone Rutte para paliar las pérdidas es eliminar el impuesto al dividendo para atraer inversión extranjera, lo que tendría un coste total de 2.000 millones de euros y solo complace a las multinacionales, y reducir, a partir de enero, de 8 a 5 años la exención fiscal del 30% de la que disfrutan los empleados extranjeros.Imane RACHIDI