El Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono de Bruselas se dio ayer seis semanas para decidir sobre la demanda del president Carles Puigdemont y los exconsejeros exiliados (clara Ponsatí, Toni Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret) contra el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena. La Corte acordó asignar tres magistrados al proceso, como había solicitado el abogado del Estado español, Hakim Boularbah, que defiende a Llarena. Las partes tendrán ahora que presentar por escrito sus argumentos.

Una vez intercambiadas las alegaciones, los tres jueces decidirán si fijan una vista para debatir exclusivamente sobre el límite de su jurisdicción, como pidió Boularbah, o si en esa audiencia se debate sobre el fondo de la cuestión, como solicitan los demandantes.

La admisibilidad y el fondo de la demanda son cuestiones indivisibles para el abogado de los políticos catalanes, Gonzalo Boye, que recordó que se enjuicia a «un señor que se llama Pablo Llarena, que hizo unas manifestaciones privadas, fuera del ámbito de jurisdicción y que afectan directamente a la actividad jurisdiccional que estaba teniendo». La defensa del Estado español, que se ha personado en la causa y sufraga los gastos de la defensa, estima que Bélgica «no tiene jurisdicción para juzgar las acciones de la Justicia española». Los demandantes reclaman un euro simbólico, lo que implica que el fallo no será recurrible.