GARA
BERLÍN

Una red de fraude fiscal ha costado miles de millones a las haciendas europeas

La investigación de una veintena de medios de comunicación concluye que un sistema de fraude fiscal ha costado en los últimos años más de 50.000 millones de euros a las haciendas de varios estados europeos. Mientras los gobiernos aplicaban recortes y las empresas congelaban salarios, los más ricos conseguían mayores beneficios.

Manipulaciones sobre los dividendos, en las que estarían implicados bancos y fondos financieros, han afectado a una decena de estados europeos que, en conjunto, habrían perdido cerca de 55.000 millones de euros en impuestos desde el año 2001, según afirman 19 medios de comunicación en las conclusiones de una investigación conjunta publicada ayer.

Este trabajo –llevado a cabo, entre otros, por el diario digital alemán Correctiv, “Le Monde” y El Confidencial– se apoya en documentos judiciales originados en Alemania, donde estas operaciones fueron descubiertas en 2012. En la trama convergen casos de fraude y de «optimización fiscal». Además de Alemania, el más afectado, se han visto perjudicados el Estado francés, el español, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Austria, Finlandia, Noruega y Suiza.

El grueso de la factura, unos 46.000 millones, está ligado a una práctica de optimización fiscal bautizada “cum-cum”. Esta técnica, que según estos medios se sitúa «en el límite de la legalidad», juega con la diferente fiscalidad entre inversores nacionales y extranjeros, tal como indicó la agencia AFP.

Por ejemplo, inversores nacionales revenden sus títulos a inversores extranjeros por un corto periodo de tiempo, el que les permite escapar a este impuesto, para recuperarlos luego.

Solo este mecanismo habría costado en quince años 24.600 millones de euros a Alemania, 17.000 millones al Estado francés y 4.500 millones a Italia. En el Estado francés, «hasta 3.000 millones de euros por año» habrían perdido las arcas públicas a causa de estas maniobras, según publicó “Le Monde”, que asegura que las tres principales entidades bancarias francesas (BNP Paribas, Crédit Agricole y Société Générale) han recurrido a este sistema.

A esta técnica de «cum cum» se suma una práctica claramente fraudulenta denominada «cum ex», que ahora es el objetivo de una de las investigaciones criminales abiertas en Alemania en espera de un proceso judicial. En este caso se trata de comprar y revender acciones en torno al día de pago de dividendos de forma tan rápida que la administración fiscal no identifica al verdadero propietario.

Esta manipulación, para la que es necesaria la colaboración de varios inversores, permite reclamar varias veces la devolución de la parte de la retención sobre los beneficios que pueda corresponder a los accionistas y que en algunos casos llega a ser de más del 90%. De esta forma, el fisco no solo deja de cobrar esas retenciones, sino que termina abonando un dinero extra a los accionistas.

Esta estafa habría costado 7.200 millones de euros a Alemania, 1.700 millones a Dinamarca y 201 millones a Bélgica.

A preguntas de AFP, la Hacienda noruega explicó que en 2013 descubrió un fraude de 580.000 coronas (61.240 euros) y que desarboló otras tentativas posteriores una vez que fue advertida por Dinamarca.

Reacciones evasivas

«Los problemas están perfectamente identificados por la Administración fiscal francesa. Si las infracciones se confirman, seremos implacables», reaccionó, por su parte, el ministro de Hacienda francés, Gérald Darmanin. Requerida por AFP, la Administración fiscal rehusó confirmar o comentar las cifras avanzadas por los medios que han realizado la investigación. No obstante, aseguró que, en el caso francés, «no se trata de un problema de gran magnitud».

En el Estado español, el foco informativo se ha puesto sobre el Banco Santander, ya que es una de las entidades bajo investigación de los fiscales alemanes. Consultado por Europa Press, el Santander precisó en una declaración que está colaborando «estrechamente» con las autoridades alemanas y llevando a cabo «su propia investigación interna», aunque de entrada ya derivó la presunta responsabilidad penal hacia «tres empleados que salieron del grupo hace años».

Pero, según El Confidencial, la Fiscalía de Colonia, que investiga los hechos que ocurrieron entre 2007 y 2011, extiende sus sospechas a «responsables del Grupo Santander», no meros empleados, a los que todavía no ha puesto nombre.