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BILBO

Denuncian «una justicia a la carta para la banca»

Parte de los sindicatos y asociaciones que impulsaron la acusación popular en el caso de Kutxabank denunciaron ayer como «fraude a la democracia» la decisión favorable a la banca que adoptó el TS en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas. A su vez, consideraron «insuficiente» el real decreto ley aprobado por el Ejecutivo español para que sea la banca quien abone la tasa «porque no tiene carácter retroactivo».

Diferentes sindicatos y colectivos sociales se concentraron ayer ante la sede del Banco Santander en Bilbo tras la sentencia del Tribunal Supremo favorable a que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) lo abonen los clientes y no los bancos. Según denunciaron los sindicatos LAB, ESK, EHNE Bizkaia, Steilas y Hiru, la asociación de consumidores EKA y la plataforma de pensionistas de la CAV, la resolución evidencia «una justicia a la carta para la Banca».

Los participantes, que formaron parte de la acusación popular en el caso Kutxabank, exhibieron carteles con lemas como “La banca tiene secuestrada a la democracia” e interpelaron a los partidos políticos vascos para que velen por «nuestra seguridad judicial, la división de poderes y los intereses de la mayoría de la sociedad en vez de por los intereses económicos de los poderosos».

Cabe recordar que en Hego Euskal Herria no tiene ningún efecto el real decreto ley que se aprobó el jueves en el Consejo de Ministros del Estado español, mediante el cual decidieron modificar el reglamento del IAJD para que a partir de ahora sean los bancos quienes carguen con esa tasa hipotecaria. El Gobierno de Nafarroa ya adelantó su disposición de revisar la ley foral para modificar «en beneficio de la ciudadanía». Las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, sin embargo, no han dicho nada al respecto durante toda la semana por lo que queda por saber qué postura adoptan estas administraciones.

Medida «insuficiente»

En la víspera de la entrada en vigor del real decreto ley promovido por el Ejecutivo Pedro Sánchez –entra hoy en vigor–, con el cual cambia el rumbo que tomó el alto tribunal el pasado martes, los representantes de LAB y Steilas leyeron un comunicado, en el que subrayaron que la decisión del Ejecutivo Sánchez es «insuficiente porque no tiene carácter retroactivo».

Urtzi Ostolazabal (LAB) y Saioa Ozamiz (Steilas) afirmaron que «los instrumentos financieros actuales utilizan las necesidades de la ciudadanía para enriquecerse aún más cuando, en el caso de las hipotecas de viviendas, estamos hablando de derechos básicos».

Conscientes de que el fallo del TS no afecta a todos los territorios de Hegoalde, recodaron que «esta Acusación Particular está comprometida con denunciar cualquier fraude que se dé en las finanzas y este es un fraude a la democracia en toda regla».

Por ello, defendieron que la solución al problema financiero en Euskal Herria «vendría de la mano de la creación de una banca con carácter público y democrático que esté controlada por la ciudadanía, los agentes sociales y sindicatos».

Los bancos no pagan si se trata de Iglesia, Estado y partidos

Los bancos deberán asumir a partir de hoy el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que grava las hipotecas y que hasta ahora corría a cargo de los clientes, salvo en los préstamos concedidos a la Iglesia, los partidos políticos con representación parlamentaria o el Estado, por ejemplo.

La nueva normativa modifica los artículo 29 y 45 del reglamento para que el prestatario –en este caso las entidades financieras– pase a ser el sujeto pasivo y sea él quien se haga cargo de la tasa. No es el único cambio. El decreto del Gobierno español también modifica el artículo 45 para impedir que los bancos paguen este impuesto cuando conceden hipotecas a entidades a las que la ley ya eximía del pago del mismo.

La ley establece que están exentos del pago de este impuesto el Estado y las Administraciones públicas, las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado, la Cruz Roja, la ONCE y los partidos políticos que tengan representación en la Cámara, entre otros.GARA